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Pirde la CNDH privilegiar derechos humanos en creación de la Guardia Nacional

LLAMA CONSEJO CONSULTIVO DE CNDH AL CONGRESO DE LA UNIÓN A PRIVILEGIAR RESPETO Y PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS EN LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Y AL AMPLIAR EL CATÁLOGO DE DELITOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

19 de febrero de 2019
En sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó exhortar de manera respetuosa y firme al Congreso de la Unión a privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos en las modificaciones constitucionales planteadas en materia de creación de la Guardia Nacional, así como en la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, y convoca a revisar de manera integral y objetiva la problemática en materia de inseguridad, violencia e impunidad, en lugar de privilegiar soluciones parciales y de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos. 

Asimismo, llama la atención para que las modificaciones normativas que se realicen y las políticas públicas que con base en ellas se diseñen estén sustentadas en información objetiva y verificable, al margen de coyunturas o agendas políticas. 

En su Pronunciamiento ante la eventual aprobación de las reformas constitucionales en materia de guardia nacional y prisión preventiva oficiosa, el Cuerpo Colegiado de la CNDH considera que, en los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia 
Nacional no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con 
la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir, al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de cuerpo de franca naturaleza y carácter castrense. 

Por ello, plantea la necesidad de establecer una ruta dual que permita a las Fuerzas Armadas continuar realizando labores de seguridad pública de manera excepcional y temporal, a la vez que se fortalezcan las capacidades técnicas, operativas, legales y estructurales de las policías e instituciones civiles en los diversos órdenes de gobierno. 

Es motivo de preocupación que sociedad civil, expertos, académicos y organismos nacionales e internacionales hayan sido descalificados o cuestionados por la expresión de sus puntos de vista en diversos foros y espacios para construir las leyes y políticas que México requiere en los ámbitos de seguridad y justicia, como fue el caso de quienes hicieron pública su oposición a la Guardia Nacional. 

También preocupa el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan su presencia en labores reservadas a las instituciones civiles y, sobre todo, su poder político y económico, lo que generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. 

En cuanto a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el Consejo Consultivo considera que las modificaciones planteadas al artículo 19 de la Constitución Federal son un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún está en proceso de implementación. 

Más que ampliar ese catálogo de delitos, se debe fortalecer a las 33 fiscalías generales de justicia, mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva y a través de la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades. De igual manera, conviene hacer más eficiente el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional. 

El Consejo Consultivo de la CNDH reitera su llamado a las Cámaras del Congreso de la Unión para que en la formulación de marcos normativos y constitucionales se apeguen a lo establecido en el artículo primero de la Constitución General y en los distintos tratados y convenciones de los que México forma parte, bajo el principio de progresividad. En la construcción de políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública, los derechos humanos no pueden ser ignorados y  deben observarse como pieza fundamental y eje central en el fortalecimiento de la vida democrática nacional. 

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