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Fraude en SEDATU con firmas falsas

22 de febrero de 2019

Con firmas falsificadas de al menos cinco funcionarios de la SEDATU se desviaron más de 600 millones de pesos a universidades, mediante convenios, fue revelado en la investigación periodística "la Estafa Maestra".

Los funcionarios políticamente expuestos habrían permitido el millonario desvío con la complicidad de sus jefes, tal es el caso de:
  • José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos.
  • Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo "Francisco I Madero" por 187 millones de pesos.
  • Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, cuya rúbrica falsificada se estampó el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la Universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos.
  • Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco.
  • Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones, en convenios con una Universidad de Quintana Roo por montos no especificados.

Tras el descubrimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la PGR (hoy FGR) imputándoles responsabilidad en desvíos. Aún cuando González Tiburcio había denunciado en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente lo hizo ante PGR, sin embargo se le imputó falsedad en declaraciones y el 29 de enero un Juez lo procesó por dicho delito, aún cuando ha sostenido con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio marco no es suya.

Armando Saldaña, quien también había sido imputado por la PGR en desvíos, demostró que su firma era apócrifa. Incluso según la Auditoría 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la ASF, se afirma que Saldaña "no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó () el pago de recursos a favor" de esa entidad.

Por investigaciones periodísticas se supo que uno de los centros de operación para las falsificaciones se encontraba en Tennyson 125, casa que desde hace más de una década utiliza Emilio Zebadúa para actividades políticas y financieras.

Zebadúa fue Oficial Mayor de Sedesol y la Sedatu bajo las órdenes de la Secretaria Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada Estafa Maestra.

En Sedatu mal uso de 2 mmdp

ASF encontró irregularidades por 2 mil 41 millones de pesos cometidas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el ejercicio presupuestal 2017, el penúltimo de Robles, de los cuales 1173 millones, que en realidad pertenecían a 2016, el gasto no fue debidamente acreditado.

"La Sedatu pagó erogaciones que no tenían cobertura presupuestal autorizada por mil 173 millones 317.4 miles de pesos; además, se constató que los recursos ejercidos mediante CLC (Cuentas por Liquidar Certificadas), no se encuentran debidamente acreditadas con la documentación

En su informe, la ASF señaló que la auditoría forense 414-DE la practicó luego de que la Dirección General de Auditoría Financiera Federal (DGAFF) "C", de la propia Auditoría, sospechara de un presunto desvío de recursos públicos federales del Programa de Infraestructura.

"El titular de la DGAFFC, hizo del conocimiento de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) de la ASF, de un presunto desvío de recursos públicos federales del Programa de Infraestructura (PI) por mil 807 millones 605.5 miles de pesos", dice el documento.

Sin embargo, al realizar la auditoría, la cual fue entregada ayer en la Cámara de Diputados como parte de la tercera etapa de resultados de la Cuenta Pública 2017, esta cifra se elevó en 233.9 millones de pesos.

"Existe una recurrencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en utilizar recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a capítulos y conceptos de gasto en fines distintos a los que estaban presupuestados", mencionó la ASF.

La Auditoría encontró que la Sedatu pagó 596.6 millones de pesos a distintos proveedores sin acreditar su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria y sin cumplir con las disposiciones normativas establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura.

"Dicho importe no fue reconocido por la UPAIS, Unidad Responsable del Programa, ni por la DGREP, Unidad Responsable de la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; así también en la asignación y ejercicio de los recursos públicos federales, no participaron las áreas responsables de llevar a cabo la planeación, operación, así como la verificación y seguimiento de las vertientes del Programa de Infraestructura", resaltó la ASF.

Otros 271.5 millones de pesos, que fueron ejercidos para indemnizaciones por expropiación de predios, del Programa de Mejoramiento de la Vivienda, Rescate de Espacios Públicos y Comunicación Social, no fueron debidamente acreditados.

"Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia", indicó la Auditoría.Reforma

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