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Fiscalía tarda hasta 15 días para iniciar investigación de violación sexual

Miércoles, Noviembre 21, 2018
Por lo menos cinco horas en el caso de un delito menor, o más de 15 días si se trata de una violación sexual, debe esperar un ciudadano en Puebla para que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie una carpeta de investigación.

Así lo señalaron el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) y la agrupación civil México Unido Contra la Delincuencia, al presentar este miércoles los resultados del monitoreo ciudadano en agencias del Ministerio Público (MP) de marzo a octubre de este año.

Exigieron al Congreso local que incremente el presupuesto para la FGE, ya que carece de los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía, además de que los deficientes procesos con los que opera.

Durante la presentación de los resultados, Alejandro Espriú Guerra, director del CCSJ, explicó que el monitoreo se realizó a través de casi mil encuestas de percepción al mismo número de personas que entre marzo y octubre acudieron a alguna de las agencias del MP para presentar una denuncia.

De manera general, las tres unidades de investigación o agencias del MP con las que cuenta la Fiscalía obtuvieron una calificación de 7.2 puntos, en una escala de cero a 10. La cifra representa un incremento respecto de la última evaluación, la cual fue de 4.9 puntos y correspondió al año pasado.

Mediante la evaluación las agrupaciones detectaron que las malas prácticas en los procedimientos por parte del personal de la FGE son una constante en la presentación de las denuncias.

Los resultados de la evaluación revelaron que uno de los casos más graves es el de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, pues las víctimas de violación deben esperar por lo menos 15 días para presentar una denuncia, ya que previamente deben pasar varios “filtros”, lo que además las obliga a relatar el suceso violento en distintas ocasiones.

La evaluación identificó el caso de una mujer de origen indígena que tuvo que esperar más de un mes para que la FGE iniciara la carpeta de investigación por el delito del que fue víctima, debido a que no contactó de manera oportuna con un traductor náhuatl y a la lentitud de procesos como el turno a una institución médica para su valoración.

Ello provocó que la víctima no recibiera atención adecuada y oportuna, como el acceso a algún método anticonceptivo y quedó embarazada.

Lo mismo ocurre en el caso de las denuncias por vehículos robados, pues la Unidad Especializada para atender esos casos asigna citas a los ciudadanos que se desahogan en más de un mes. Incluso, la complicación de los procesos burocráticos ha propiciado que una unidad robada sea recuperada por su propietario en por lo menos tres meses.

Aunado a lo anterior, identificaron extorsiones por parte de los peritos, ya que por cada trámite que realizan solicitan pagos extra a las víctimas.

La “Unidad de Atención Temprana Metropolitana” no corrió con mejor suerte. Según la evaluación, esta área que atiende delitos menores tarda por lo menos cinco horas en iniciar una carpeta de investigación, tiempo en el que por lo menos dos horas la víctima está sentada esperando a ser atendida.

Fiscalía la peor evaluada

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene el peor desempeño a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de un análisis realizado por la agrupación civil Impunidad Cero, el cual reveló que la dependencia poblana tiene el segundo presupuesto per cápita más bajo en el país, además de ministerios públicos y policías ministeriales insuficientes para atender a la población.

De acuerdo con los resultados del “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías” presentado este lunes, el porcentaje de probabilidad de denuncia y esclarecimiento de delitos en la entidad poblana es de un 1.01 por ciento, mientras que a nivel nacional es de 1.14 por ciento.

Las fiscalías o procuradurías mejor evaluadas son las de Chihuahua, Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, mientras que las últimas posiciones son para Puebla, Guerrero, Michoacán y el Estado de México.

La FGE, que está a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget –cuyo cargo concluirá en el 2022– retrocedió dos escaños en el ranking, comparada con la medición del año pasado cuando se situó como la tercera peor evaluada.

Retrocede desempeño en Puebla

Según los resultados, los cuales miden ocho variables que tienen que ver con la estructura, operación y resultados de las procuradurías y fiscalías, la FGE de Puebla obtuvo 29.84 puntos, en una escala de cero a 100, que la colocaron como la peor evaluada en el país.

La fiscalía retrocedió respecto a la edición 2017 de la medición, pues el año pasado se colocó como la tercera con los resultados más bajos en el país, con 38.24 puntos.

La FGE cuenta con un promedio de 2.5 oficinas del Ministerio Público (MP) por cada 100 mil habitantes, la segunda cifra más baja en el país, después de la que reportó Sonora con 2.3. La más alta corresponde a Chihuahua con 24.8 agencias, de acuerdo con datos de 2016.

Pese al reducido número de agencias del MP, éstas disminuyeron en 41.86 por ciento entre 2015 y 2016, al pasar de 4.3 a 2.5, según el análisis, que retomó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Lo mismo ocurre con el número de policías ministeriales, pues en la entidad poblana se contabilizan 11.3 por cada 100 mil personas, la segunda cifra más baja en el país. Antes se ubica Veracruz con 10.3 efectivos. La Ciudad de México tiene la cifra más alta, con 34.2 elementos.

Con mínimos recursos, la procuración de justicia en Puebla

Al panorama anterior debe sumarse que Puebla tiene la segunda cifra per cápita más baja en recursos para la procuración de justicia, con 127.40 pesos, según datos correspondientes a 2017. Esta cantidad solo supera a Tlaxcala que reportó 93.02 pesos. La capital del país tiene el presupuesto más alto, el cual suma 699.20 pesos por cada habitante.

“…los estados que dedican pocos recursos humanos y financieros a la procuración de justicia imponen altas cargas de trabajo a sus ministerios públicos”, dice el informe.

Según se indica, la carga de trabajo que tiene el personal de la FGE es uno de los más altos en el país. Se contabilizaron 327.3 carpetas de investigación por cada agencia del MP, la tercera cifra más alta después de la que reportó El Estado de México (367.8) y Sonora (544).

El tiempo promedio a nivel nacional para denunciar un delito es de 134.91 minutos, pero en Puebla se extiende hasta 200.84 minutos. Este promedio es el tercero más alto en el país, después del que registró Michoacán (206.59) y Guerrero (212.6). En contraste, Colima y Chihuahua fue de menos de 89.18 minutos.

Probabilidad de justicia: 1%

Por otra parte, el análisis midió la efectividad en la investigación de los delitos, tanto en el antiguo como en el recientemente implementado Sistema de Justicia Penal. Puebla se ubicó en la media nacional, con 19.8 puntos.

Sin embargo, la probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido en la FGE, es de 1.01 por ciento, mientras que en el país fue de 1.14 por ciento.

Señala la Fiscalía que impulsa la efectividad a pesar de la infraestructura limitada

Sobre la información de Impunidad Cero, la FGE emitió un comunicado en el que establece que

“ En relación con el informe presentado por “Impunidad Cero” se destacan dos cosas: que Puebla se coloca en el lugar nueve de 32 entidades o en la media nacional por mejores resultados en procuración de justicia y que esto es a pesar de que en cantidad de personal y presupuesto está en los últimos sitios.

El estudio de “Impunidad Cero” por un lado mide factores de estructura y operación que tienen que ver con recursos humanos y aprobación de presupuestos, aspectos ajenos a las Instituciones de procuración de justicia ya que corresponden a decisiones del Poder Legislativo.

Si bien los indicadores de estructura y operación se tienen que reforzar por parte de las instancias correspondientes, en cuanto a los resultados que si competen a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Institución ocupa el lugar nueve en el país, en cuanto a las formas de concluir investigaciones efectivamente en ambos sistemas. Por ejemplo, en Puebla, se priorizan los acuerdos reparatorios entre las partes.

Lo anterior es de destacar, considerando que la Fiscalía General del Estado de Puebla, con menos, hace más. Con respecto a presupuesto, personal y carga de trabajo, se está en penúltimas posiciones o muy por debajo de otras homólogas, sin embargo la eficiencia en investigaciones es mejor.

Par contrarrestar la falta de servidores públicos que atiendan a la ciudadanía, entre otras acciones, en enero se tomó protesta a 92 nuevos agentes del Ministerio Público: 70 fueron promociones de hombres y mujeres que ya laboraban en la institución y 22 nuevos ingresos.”


De las 54 mil 151 investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició en 2017, concluyó 9 mil 218 que equivalen al 17 por ciento del total, según un informe.

Las cifras implican que por cada cinco delitos que esa instancia de gobierno investiga, resuelve uno. A esto se debe sumar que la dependencia desconoce cuánto dinero gasta en promedio en investigar un crimen, según lo reportó en una respuesta a una solicitud de información que realizó la agrupación civil.

El desconocimiento de ese dato, provoca que la Fiscalía no sepa cómo debe fortalecer sus áreas de investigación para mejorar la resolución de los casos, de acuerdo con el reporte que el observatorio presentó la mañana de este martes.

Sin información de cuánto gasta en resolver un caso

En abril de 2017, el IGAVIM realizó una solicitud de información pública a la FGE para conocer cuál es el costo del esclarecimiento de un crimen, desde el levantamiento de un cadáver hasta la resolución del caso. Asimismo, cuestionó cuánto se gasta, en promedio, en las pruebas periciales de un robo.

Inicialmente, la fiscalía remitió la pregunta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pero  esta instancia rebotó el cuestionamiento, pues indicó al IGAVIM que correspondía a la FGE atenderlo.

Después de un recurso de revisión, la FGE respondió que no cuenta con el dato del costo promedio de la investigación de un delito, y argumentó que para conocer esa cifra, se tendrían que tomar en cuenta aspectos como las circunstancias especiales de cada hecho porque ninguna es semejante y los actos de investigación son muy variados.

Señaló también que se tendría que desglosar el costo de los insumos utilizados, los salarios de peritos, agentes del Ministerio Público, de personal de investigación, personal auxiliar, además, el costo del equipo, las pólizas de mantenimiento, y de recursos como laboratorios móviles, agua, luz, teléfono, pues estos se contabilizan de manera general.

Concluyen apenas el 17% de las investigaciones

No obstante, en su respuesta, la Fiscalía ofreció el dato de cuántas carpetas de investigación inició entre enero y junio de 2107, las cuales fueron 54 mil 151, de las cuales se cerraron 9 mil 218, que equivalen al 17 por ciento del total.

De acuerdo con el Observatorio, el hecho de que la fiscalía no sepa cuánto gasta en el esclarecimiento de un delito, es muestra de que tampoco sabrá cómo debe fortalecer sus áreas de investigación para resolver los casos.

Ante esa situación, la agrupación civil hizo un llamado a la dependencia que titula Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que desglose ese gasto y así sepa a qué área destinar más recursos, además de fortalecer su área de transparencia pues esta tarda la respuesta a las solicitudes y cuando responde no lo hace en un lenguaje claro y “ciudadano”.

Por errores de la Fiscalía liberan o reducen penas a delincuentes
Lunes, Noviembre 6, 2017

Los errores por parte de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) se han vuelto una constante en las audiencias públicas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), dejándoles llamados de atención por parte de los jueces a 18 meses de su implementación en Puebla.

Estos yerros han provocado que en más de una ocasión los juzgadores se vean orillados a liberar a criminales o a reclasificar delitos por unos de menor trascendencia, a fin de subsanar las negligencias en las carpetas de investigación que presenta la FGE en las audiencias.

Aunado a esto, el organismo de procuración de justicia también ha recurrido a la elaboración de “chalecos”, como se le conocía a la fabricación de delitos en el viejo sistema penal, con la finalidad de acusar a feminicidas u homicidas por cargos menores como el cohecho, ganando un par de días para elaborar una investigación de la principal falta.

“Copy paste” deja libres a policías huachicoleros de Amozoc

Uno de los primeros casos que exhibió la falta de capacitación de la FGE tras la entrada en vigor del NSJP fue el de las ocho personas, entre ellas seis policías municipales de Amozoc, liberados pese a haber sido detenidos por encubrimiento y colusión con ladrones de combustible en septiembre del año pasado.

Fue en la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 8 de septiembre cuando los abogados de los detenidos exhibieron que, en la carpeta de investigación, los agentes del MP recurrieron al “copy paste” (copia y pega) para integrar las declaraciones de los Policías Estatales que los aprehendieron, cambiando sólo los nombres sin considerar la cronología y coherencia de la acusación.

Esta deficiencia técnica fue determinante para el juez de control Lucio León Mata, quien determinó ordenar auto de no vinculación a proceso y con ello su inmediata libertad, no importando que el argumento de los defensores fuera un error de la FGE y no demostrando su inocencia.

Procesan como adulto a miembro de Los Cuijes de 16 años

Dos de los doce integrantes de la banda de Los Cuijes, vinculados al robo de combustible y el multihomicidio de Huehuetlán El Grande, pusieron en jaque a la FGE luego de que en sus audiencias un juez detectó que había irregularidades en sus procesos y falta de capacitación de los agentes del MP, pues incluso pretendían juzgar a uno de ellos como adulto pese a tener 16 años.

La primera irregularidad fue la de Luis, uno de los detenidos y presunto miembro de esta banda que en la carpeta de investigación fue registrado con 18 años de edad, no obstante su defensora de oficio se percató que su edad real era de 16, por lo que expuso esto al juez, quien no dudó en anunciar que este yerro sería informado al fiscal general Víctor Carrancá Bourget.

Su audiencia ante una juez especializada en justicia para adolescentes se reprogramó para el 16 de agosto pasado a las 7:30 de la mañana, donde una vez más quedaron manifiestas las deficiencias y el joven quedó en libertad, aunque bajo reservas de ley.

Un día después se realizó la audiencia de Miguel Ángel, otro presunto miembro de la banda que era acusado de tentativa de homicidio en agravio de los policías que lo detuvieron, sin embargo la agente del Ministerio Público fue incapaz de hacer la clasificación legal del caso.

Aunado a esto, el juez consideró que la mecánica de los hechos en la carpeta a de investigación era ilógica y poco creíble, por lo que decidió no vincularlo a proceso y ordenar su libertad. No obstante, a las afueras de la Casa de Justicia de Puebla, ya lo esperaban agentes ministeriales para cumplir una orden de aprehensión, ahora si por el multihomicidio de Huehuetlán El Grande.

Imputan delitos pero no los sustentan

La Fiscalía General del Estado también ha caído en la imputación de delitos incorrectos o mal sustentados, lo cual ha provocado que los jueces deban de corregir a los agentes del MP en plena audiencia, o en su caso, hagan una reclasificación por delitos menores o que se ajustan a la situación, a fin de que los presuntos delincuentes no queden libres.

El caso más reciente es el de Paul Ángel, guardia de seguridad privado acusado de balear a un empleado del bar El Tigre en la Avenida Juárez y de protagonizar una persecución con policías municipales en el Paseo Bravo.

En su audiencia celebrada el pasado miércoles, el agente del Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso por los delitos de tentativa de homicidio, ataques peligrosos y “delitos cometidos contra servidores públicos”, sin embargo la juez de control consideró que la carpeta de investigación no tenía las pruebas suficientes.

En su fallo, decidió en primer lugar, reclasificar el delito de tentativa de homicidio a lesiones calificadas, y posteriormente tuvo que señalar que la FGE no puede acusar a alguien de “delitos cometidos contra servidores públicos”, pues esta es un agravante y no un tipo penal.

Exparamédico libra cargo de Feminicidio por error del MP

Otro caso fue el de Manuel G., ex paramédico de Cruz Roja acusado de intento de feminicidio en agravio de su esposa, a quien en un ataque de celos apuñaló en 9 ocasiones el 14 de agosto pasado, en la colonia Resurgimiento de la ciudad de Puebla.

En la audiencia, el abogado de oficio de Manuel evidenció que el MP no recolectó ni integró en tiempo y forma la entrevista de la víctima, Fátima Sinaí Coca Tirado, en donde ella lo acusaba de violencia psicológica previa, que permitiría tipificar la tentativa de feminicidio.

Al ser una prueba obtenida de forma ilegal por el MP, el juez pudo haber decretado como viciado todo el caso, sin embargo optó por reclasificar el caso de feminicidio en grado de tentativa, a homicidio en el mismo grado, cuya pena es 20 años menor por no tener el agravante en razón de género.

FGE intenta imputar feminicidio en caso de la estudiante de la BUAP

Una situación similar ocurrió con Mariana Fuentes Soto, alumna de la BUAP asesinada durante un asalto el pasado 30 de septiembre por una banda, la cual tenía entre sus integrantes a un chofer de Uber y cuya audiencia se realizó el pasado 18 de octubre.

Ahí, la FGE cayó en dos inconsistencias, pues en primer lugar el abogado defensor expuso una posible siembra de pruebas en contra de su cliente, ya que en la carpeta de investigación la FGE ubicó una identificación de la joven en dos momentos y lugares diferentes, misma que pretendía ser usada como medio de prueba y que el juez la excluyó al momento de resolver.

Aunque el juzgador consideró que además de esa credencial había otros elementos para acusar al chofer de Uber del delito en cuestión, al momento de emitir su fallo también le corrigió la plana a la FGE pues señaló que era imposible acreditar que éste obedecía a un caso de feminicidio, por lo que en plena audiencia hizo una reclasificación para calificar el hecho como homicidio calificado.

En la audiencia, el juez se dirigió a la madre de la víctima, a quien le indicó que “no todos los asesinatos de mujeres pueden ser considerados como feminicidios”, por lo que hacía la reclasificación para que el caso de su hija no quedara impune.

Cohecho, el nuevo “chaleco” de la FGE

En los últimos meses, el número de carpetas de investigación iniciadas por cohecho ha ido en aumento, pues éste se ha convertido en el delito predilecto de la FGE para acusar y mantener bajo proceso a presuntos criminales acusados de hechos más graves como homicidios.

Uno de los casos recientes es el de Mara Fernanda Castillo Miranda. El presunto feminicida resultó un chofer de Cabify que fue acusado de privación ilegal de la libertad, y hasta 18 días después de que la FGE halló el cadáver se realizó la audiencia donde se le imputó el cargo por feminicidio a Ricardo Alexis D.

En el último mes destaca el caso del presunto homicida de un automovilista en San Antonio Abad, el cual fue detenido y acusado de cohecho, pero a las afueras de su audiencia fue reaprehendido y acusado, ahora sí, por el delito de homicidio, dándole un par de días más al MP para integrar la carpeta.

Lo mismo ocurrió con un de los presuntos autores intelectuales del doble homicidio del restaurante Remolqueland en Huexotitla, el cual para ser detenido tuvo que ser acusado de cohecho y posesión de pornografía infantil. Tras ser vinculado por ambos cargos, una semana después se inició finalmente el proceso por homicidio.

Uno de los primeros casos bajo esta mecánica fue la de Carlos Alberto R., alias El Ito, quien fue detenido por el asalto a un microbús de la Ruta 19 en octubre del 2016 en donde junto con otros hombres mataron a un pasajero por resistirse al atraco.

Sin embargo, tras su aprehensión la FGE solo lo acusó por el delito de ataques peligrosos en un hecho completamente distinto al del asesinato del pasajero, y pasó más de un mes hasta que, en diciembre, la autoridad ministerial finalmente concluyó la carpeta de investigación por homicidio e iniciar así el proceso en contra de El Ito y otra persona identificada como El Carihuevo.

Se quedan cortos en pruebas contra ex funcionario

Apenas el domingo el ex encargado de la Bóveda de Indicios y Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE), Nahur Hernández Santaella, fue vinculado a proceso por un juez de control acusado del delito de peculado, luego de que se acreditó que existen elementos para suponer que sustrajo dinero a resguardo de la dependencia.

Sin embargo, de los casi 5 millones por los que la FGE pretendía acusarlo de peculado, el juez de control sólo pudo tomar por válido el robo de 2 millones 106 mil pesos, ya que el agente del Ministerio Público no ofreció los datos de prueba para acreditar la sustracción de los cerca de 3 millones restantes, derivado de un desconocimiento de las reglas del sistema penal acusatorio, según lo señaló el juzgador.

Indaga FGE de inicio a fin solo 1 de cada 10 denuncias 
Lunes, Diciembre 17, 2018
Las denuncias recibidas en el transcurso del año por delitos del fuero común implican un promedio de seis por hora.

Únicamente el 10 por ciento de las 51 mil investigaciones que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2018 se siguió de principio a fin, mientras que un 26 por ciento fue archivado y el resto se encuentra en el limbo. 

Así lo revela el último informe de labores de la pasada administración estatal, en el cual se indica que de acuerdo con cifras preliminares, en el presente año las autoridades recibieron un promedio de 140 denuncias por día y de seis por hora.

Distintas organizaciones civiles como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia han exigido al Poder Legislativo que incremente el presupuesto de la FGE, pues aseguran que los recursos con los que cuenta le impide atender de manera adecuada las denuncias.

El último informe sobre el funcionamiento de fiscalías y procuradurías de la agrupación ciudadana Impunidad Cero, presentado en julio pasado, refiere que la dependencia poblana es la peor evaluada en el país.

Según el último informe de la gestión del exgobernador José Antonio Gali Fayad, en el transcurso de 2018 la FGE inició 51 mil 3 investigaciones derivadas del mismo número de denuncias por delitos del fuero común.

De esta cifra, mil 561 fueron enviadas a algún juez para su resolución, es decir, quedaron “judicializadas”, esto implica el tres por ciento del total.

Adicionalmente, otros 3 mil 563 casos fueron resueltos mediante medios alternativos, como el arreglo entre las partes afectadas. Estos representan el siete por ciento de la cifra global.

Así, la Fiscalía siguió de principio a fin un total de 5 mil 124 denuncias que abrió en 2018, las cuales equivalen al 10 por ciento del total e implican una proporción de una de cada decena de casos.

Dos de cada 10 casos terminan en el archivo

Por otra parte, la FGE envió al archivo temporal 7 mil 316 investigaciones y 6 mil 154 al archivo definitivo. En suma, se quedaron en la congeladora 13 mil 470 casos que equivalen al 26 por ciento del total.

Adicionalmente, mil 633 carpetas fueron desechadas por incompetencia de la Fiscalía para abundar en el caso, según se indica en el reporte. Esto implica que aunque la instancia las inició, posteriormente las descartó. Esta cifra representa el 3.2 por ciento.

Con información de e-consulta

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