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Excluyen del Conahcyt a universidades

Excluyen del Conahcyt a universidades y le cierran paso a entidades. La iniciativa plantea que el nuevo organismo público tenga a su cargo las funciones de los organismos colegiados donde hoy confluyen científicos y tecnólogos de diferentes instituciones educativas.

11 de febrero de 2019

Los siete órganos colegiados en los que universidades e investigadores tienen presencia dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desaparecerán y sus funciones serán atendidas por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Morena presentó ante el Senado la propuesta oficial para la conformación del Conahcyt, con lo que se pretende dar un “golpe de timón” a la política científica del país y se evitará que el dinero público beneficie a entes privados. La iniciativa pretende una nueva estructura que “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.

Presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, la propuesta decreta la desaparición de los siete órganos colegiados, donde la UNAM, IPN y Cinvestav inciden en la política científica.

Seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”, detalla el documento.

Propuesta

La iniciativa plantea que el nuevo Conahcyt absorba a los siguientes organismos:

Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia.
Consejo Consultivo de Ciencias.
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

La iniciativa de Morena plantea que gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia.

Uno de los objetivos del “cambio jurídico de raíz” que impulsa el nuevo gobierno con esta iniciativa es que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que el uso de recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.

Dice que actualmente, “los esquemas y mecanismos jurídicos y administrativos están diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social alguna, así como para que los gobiernos de las entidades federativas suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos”.

La iniciativa para crear la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, ordena la desaparición de los siete órganos colegiados de decisiones, donde académicos de la UNAM, IPN y Cinvestav, principales semilleros de conocimiento científico, inciden en la política científica.

“La presente iniciativa impulsa la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”.

El Consejo integrará estructuras y funciones que ahora se encuentran dispersas en distintos órganos del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así, plantea que el nuevo Conahcyt absorba las tareas de los organismos colegiados donde hoy confluyen científicos y tecnólogos de diferentes instituciones educativas.

Añade que “la reorganización de los espacios y mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades públicas, federales y locales, y los Centros Públicos de Investigación, así como de consulta y participación de la comunidad académica, científica y tecnológica y los sectores público, social y privado, evitando la creación de nuevos órganos autónomos de cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de presión que actúen en representación de intereses particulares”.

En cuanto a la exposición de motivos la iniciativa indica:

I. Las Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el nuevo gobierno.
A. Introducción
La sociedad mexicana atraviesa por una compleja crisis múltiple que no ha encontrado solución en las reformas normativas, innovaciones institucionales, políticas públicas y acciones de gobierno impulsadas en años recientes. Al contrario, la crisis de legitimidad del Estado, de los partidos políticos tradicionales y de las formas y prácticas acostumbradas en la vida pública nacional, supone que el desempeño de las instituciones y el comportamiento de los agentes políticos son variables fundamentales dentro de la explicación que pueda darse sobre las causas de la crisis nacional. No obstante, en razón de lo anterior, el diseño del orden institucional y el rol de los agentes en la esfera públicopolítica son también factores determinantes en la elección de alternativas viables para la gestión exitosa de los problemas nacionales y la transformación de las condiciones materiales de la vida social.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público dimana del pueblo y se ejerce mediante instituciones que tienen como fin la salvaguarda del interés general. En este sentido, el deber fundamental de toda autoridad consiste en hacer valer el interés público frente a los múltiples intereses particulares que se disputan el reconocimiento y sanción estatal, dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos
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la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la vulnerabilidad ambiental y sanitaria, así como la violencia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, que suelen acompañar a la desviación de poder y a los procesos oligárquicos de concentración de riqueza y consolidación de privilegios.
El giro en las políticas públicas anunciado por el nuevo gobierno, en respuesta a una demanda ciudadana que fue perfilando durante décadas su talante democrático y social hasta manifestarse contundentemente en las elecciones federales de 2018, supone un cambio profundo en la vida pública nacional: en las actitudes y las prácticas del servicio público, pero también en los contenidos, formas y objetivos para los cuales se ejerce el poder.
Es necesario atender de fondo los aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales y sanitarios, entre muchos otros, de la crisis impuesta a la sociedad mexicana a causa de políticas restrictivas en materia de derechos colectivos, decisiones de gobierno erradas y prácticas corruptas sistemáticas. Asimismo, también es indispensable impulsar sobre bases firmes el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de fuerzas productivas de todo tipo, contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de la Nación y el bienestar social, sin desproteger o sacrificar la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del pueblo de México.
La reivindicación de la igualdad y la justicia social en un marco de derechos y libertades impele día a día a todo servidor público a contribuir en la consolidación de una democracia participativa basada en el ejercicio de la soberanía popular y el respeto de los principios y reglas propios del Estado constitucional de Derecho que el pueblo de México ha luchado por construir y conservar tras dos siglos de independencia nacional.
Al igual que en el resto de sectores de la Administración Pública, en materia de ciencia y tecnología el cambio en el gobierno federal supone grandes retos, pero también oportunidades invaluables para revisar los límites y condiciones de posibilidad del orden vigente e impulsar un profundo proceso de renovación que permita que la política estatal de investigación y desarrollo tecnológico se ubique a la altura del presente y contribuya al desarrollo integral de la Nación y al beneficio de la sociedad.
Los resultados sustantivos de la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación son magros y públicamente conocidos. Al respecto, la normatividad y el diseño institucional en el sector son variables decisivas. Asimismo, las prácticas y los agentes concretos también juegan un papel fundamental en el desempeño de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En este contexto y en congruencia con los cambios jurídicos relativos a la estructura orgánica y operativa de la Administración Pública Federal, las humanidades, ciencias y tecnologías están llamadas a reivindicar su papel en la vida pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. De lo que se trata es de poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio del pueblo de México y de los intereses nacionales.

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