jueves, 15 de noviembre de 2018

Invalida SCJN Ley de Seguridad Interior

15 de noviembre de 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión de este jueves, invalidó la Ley de Seguridad Interior, luego de que los ministros se pronunciaran contra dicho ordenamiento.

Dicha Ley regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados

En Puebla, los municipios que han sido intervenidos por el gobierno del estado son Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, San Martín Texmelucan y Amozoc. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Partido Político Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que impugnaron el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se expidió la Ley de Seguridad Interior y, en particular, sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; así como segundo, tercer, cuarto y quinto transitorios.

Lo anterior, por considerar a dicha Ley violatoria de los artículos 1, 6, apartado A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 49, 73, fracción XXIX-S, 76, 78, 80, 89, 90, 99, 115, 116, 119, 124, 129 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Democrática Interamericana.

La acción de inconstitucionalidad 6/2018, se formuló por ciento setenta y cuatro (174) Diputados del Congreso de la Unión, quienes representan un treinta y cuatro punto ocho por ciento (34.8) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo compuesto por quinientos diputados, lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la propia Carta Magna.

 La acción de inconstitucionalidad 8/2018, se formuló por cuarenta y cuatro (44) integrantes del Senado de la República, quienes representan un treinta y cuatro punto tres por ciento (34.3) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo compuesto por ciento veintiocho senadores, lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 del Pacto Federal.

 La acción de inconstitucionalidad 11/2018, se formuló por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien de conformidad a los artículos 15, fracción I de la Ley de la citada Comisión y 18 de su Reglamento Interno, cuenta con facultades para representar a dicho organismo protector de los derechos humanos, mismo que en términos del artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, está legitimado para formular acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.

Por cuanto hace a la acción de inconstitucionalidad 9/2018, se estima que, en principio, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tiene legitimación suficiente para promover la acción de inconstitucionalidad a nombre de dicho organismo. No obstante, dicha legitimación, sólo puede reconocerse con respecto a la impugnación de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, más no con respecto a lo previsto en el artículo 1 del propio ordenamiento, ya que el Pleno del INAI sólo instruyó impugnar los dos artículos citados.

Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 10/2018, formulada por Movimiento Ciudadano, se estima que el citado partido político carece de legitimación activa para promover la acción, pues la ley impugnada y las normas que contiene e impugnan en la demanda correspondiente, no son de naturaleza electoral; como se explica en el considerando siguiente.


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