martes, 28 de agosto de 2018

Nueva familia de billetes mexicanos

Lunes, Agosto 27, 2018

Esta tarde el Banco de México (Banxico) presentó oficialmente la nueva familia de billetes que comenzará a circular a partir de mañana 28 de agosto con la primera denominación, la de 500 pesos, en cuyas imágenes se aprecia el retrato de Benito Juárez, al igual que en el actual billete de 20 pesos.

Según Banxico, el billete de 20 pesos dejará de circular gradualmente y será sustituido por moneda, esto tras diversos estudios técnico relacionados con el costo-beneficio realizados por el banco Central, sin embargo, no se precisó la fecha en la que este se dejará de emitir.

Tras conocerse la nueva imagen del billete de 500 con el rostro de Benito Juárez, surgió la duda de si no habrá confusiones entre este y el de 20 pesos, por lo que Banxico precisó que el nuevo billete de 500 es más grande y está hecho de algodón, características que lo hacen distinto al actual de 20 pesos, el cual está hecho de polímero.

Vinculada a proceso esposa de alcalde

Martes, Agosto 14, 2018

Un juez de control federal vinculó este martes a proceso a Ilse Lucía Bernabé, esposa del edil de Venustiano Carranza, y a Mónica G., su ama de llaves, por lo que le dio un plazo de 3 meses a la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación complementaria por el delito de portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Dicho plazo fue solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, argumentando que en ese lapso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) también realiza una investigación en contra de la imputada.

Fuentes oficiales informaron a e-consulta que durante la audiencia la defensa particular de Ilse Lucía y Mónica solo se limitó a argumentar que las armas no podían estar en la casa donde cohabita con el alcalde Rafael Valencia Ávila, debido a que el matrimonio tiene un hijo de 7 años, que por seguridad no podía tener a su alcance el armamento.

Sin embargo, el juez deshechó este argumento y enfatizó en que existen casos de negligencia donde los padres ignoran la presencia de menores de edad en el hogar para almacenar o usar armas de fuego.

Ante esta situación, el juez no recibió de los abogados elementos probatorios que desacreditaran la posibilidad de que en la casa de Ilse Lucía hubiera el arsenal que la PGR incautó durante el cateo del pasado 7 de agosto, en la calle Ortiga de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), municipio de Venustiano Carranza.

Al momento de pedir el plazo de cierre de investigación complementaria, el agente del Ministerio Público de la Federación señaló que aún faltaban por recolectar algunos dictámenes periciales, así como recibir el informe de la SEIDO por posibles nexos de las imputadas (Ilse Lucía y Mónica) con células del crimen organizado.

El juez aceptó conceder el plazo de 90 días debido a que consideró que el mismo no era excesivo pues, recordó, que las imputadas siguen su proceso en libertad gracias al pago de una garantía económica de 20 mil pesos, así como la presentación periódica a la Casa de Justicia de Huauchinango para firmar su libertad condicional.

Gracias a esta medida cautelar, al término de la audiencia la también presidenta del DIF Municipal de Venustiano Carranza se retiró del Centro de Justicia Penal Federal a bordo de una camioneta participar en compañía de Mónica y de sus representantes legales.

Lucero 21 años de legisladora

Lunes, Agosto 27, 2018

De los 23 poblanos que llegarán al Congreso de la Unión, cinco de ellos repetirán como diputados federales o en el Senado de la República, siendo Lucero Saldaña Pérez la que acumulará 21 años de periodos legislativos.

En la lista también se encuentra el ex gobernador Rafael Moreno Valle, Ignacio Mier Velasco, Guillermo Aréchiga Santamaría y Martha Tagle Martínez.

Saldaña Pérez concluirá este viernes con su segundo periodo como senadora en el que estuvo seis años y se integrará como diputada federal de la LXIV Legislatura a partir del sábado.

En su carrera política, la priísta fue diputada federal suplente de 1988 a 1991 (LIV Legislatura) y diputada federal propietaria de 1994 a 1997 (LVI Legislatura).

Al Senado de la República llegó por primera ocasión en el periodo de 2000 a 2006, años que abarcaron las LVIII y LIX Legislatura.

En el caso de Moreno Valle, el ex gobernador fue diputado federal de 2003 a 2004, gestión que dejó inconclusa para regresar al estado como candidato a diputado local.

Tras su renuncia al PRI, fue postulado por Acción Nacional para el Senado en el periodo de 2006 a 2012, pero en 2010 abandonó la Cámara Alta para convertirse en el candidato a la gubernatura.

Este sábado, Moreno Valle rendirá protesta como senador por la vía plurinominal, ya que tras no obtener la nominación por la presidencia de México fue incluido en la sexta posición de los candidatos plurinominales del PAN.

Aunque no tiene carrera política en la entidad, Martha Tagle Martínez ocupará por tercera ocasión una curul en la Cámara de Diputados.

La integrante de Movimiento Ciudadano (MC) ya fue diputada federal de 1997 a 2000, 2006 a 2009 y regresará a San Lázaro como representante por la vía plurinominal.

En 2012 Tagle Martínez fue postulada como candidata suplente al Senado, y ocupó el espacio legislativo de agosto de 2015 a marzo de 2017, ante la ausencia de la perredista Alejandra Barrales.

Como representantes de Morena y PT, Ignacio Mier Velasco y Guillermo Aréchiga Santamaría regresarán a la Cámara de Diputados, en la cual participaron de 1997 a 2000 y de 2003 a 2006, respectivamente.

Amparan contra postulación de magistrado

Lunes, Agosto 27, 2018
Por incumplir con los principios de elegibilidad y de imparcialidad, Alfredo Páez Cruz promovió un juicio de amparo en contra de la postulación que el gobernador Antonio Gali Fayad hizo de Jorge Benito Cruz Bermúdez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como su "inminente" designación por parte de LIX Legislatura.

El recurso se presentó este lunes y se registró con la clave 010489/2018 en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.

En su demanda, Páez Cruz refiere que el procedimiento para nombrar a Cruz Bermúdez como magistrado es un acto "ilegal", que Gali Fayad tiene conocimiento que su propuesta no cuenta con una carrera en el poder judicial y es un pago a los "favores políticos" que el perredista hizo al ex mandatario Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa.

"El amañado e ilegal procedimiento para la designación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el cual se halla plagado de vicios de origen con el fin de nombrar como magistrado local en sustitución del señor licenciado Manuel Nicolás Ríos Torres al licenciado Jorge Benito Cruz Bermúdez, actual líder del PRD local. Eso, como pago de favores políticos que éste realizó durante la campaña a Martha Erika Alonso de Moreno Valle al gobierno del estado y encontrándose seguramente en franco contubernio ambos poderes para efectuar tal designación a pesar de la notoria inconstitucionalidad de la misma".

"El máximo tribunal de nuestro país ha emitido jurisprudencia en el sentido de que debe privilegiarse la carrera judicial para ser nombrado magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estado, misma que resulta de observancia obligatoria. Requisito que no cubre Jorge Benito Cruz Bermúdez y aun así fue propuesto por el ejecutivo del estado para ocupar ese cargo siendo aceptada la terna sin reparo alguno por parte del Congreso Local", señala el juicio presentado por Páez Cruz.

Otro de los argumentos expuestos es que la participación de Cruz Bermúdez en el PRD y en el gobierno de Rafael Moreno Valle como Secretario de Educación Pública (SEP), no permite que cumpla con el requisito de imparcialidad.

El promovente solita a la justicia federal que como "medida cautelar" se ordene la suspensión de la sesión extraordinaria en la que se prevé que el Congreso vote a favor de la designación de Cruz Bermúdez como magistrado, la cual se realizará este viernes 31 de agosto.

Redes familiares del poder judicial

Un total de 462 empleados del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Puebla, colocaron en distintos puestos de trabajo a 737 familiares, cifra que coloca al estado entre las tres entidades del país con más casos de ese tipo.

Así lo revela el informe “El déficit meritocrático” que elaboró el investigador Julio Ríos y que impulsó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sobre las redes de nepotismo que hay en el PJF.

En el reporte, que es una segunda versión de una investigación presentada en 2017, se advierte que “la contratación de familiares sin los filtros adecuados puede tener efectos negativos en la impartición de justicia”, como interferir en los casos y en el sentido de las sentencias, generar favores y complicidades, y menoscabar la motivación de quienes ven que las relaciones determinan el desarrollo profesional.

La investigación se realizó con base en otro trabajo realizado por Felipe Borrego Estrada, con documentos del propio Poder Judicial federal, entrevistas, así como una encuesta elaborada por la organización internacional World Justice Project.

Tejen red de familiares en Puebla  

De acuerdo con el reporte, en el Sexto Circuito que se encuentra en Puebla hay 424 empleados de niveles inferiores que tienen a 649 familiares trabajando en el Poder Judicial.

De esta cifra hay un funcionario que colocó hasta 12 de sus cercanos, dos más tienen a seis, cuatro a cinco, 18 a cuatro, 30 a 3, 74 a dos, y otros 295 cuentan con sólo un familiar enrolado en la estructura del PJF.

Por otra parte, la investigación ubicó a 38 jueces de distrito y magistrados que consiguieron puestos de trabajo para 88 familiares.

Del total, uno de ellos amarró hasta 12 puestos, dos tienen a cinco personas laborando, seis a cuatro, tres cuentan con tres, siete con dos y 19 con uno.

 En el caso de los servidores de niveles inferiores, Puebla ocupa la segunda posición con más casos en el país después de Nuevo León, en donde hay 570 empleados con 1 mil 197 integrantes de sus familias trabajando en el PJF.

En cuanto a los jueces y magistrados, la entidad poblana es la tercera con más registros, después de Nuevo León, en donde hay 41 funcionarios con 96 titulares y Jalisco con 55 y 136 casos, respectivamente.

Entró por un familiar el 30% de los trabajadores

Según la investigación, se estima que el 30 por ciento del total de los empleados que hay en el estado llegó al Poder Judicial por un familiar.

En “El déficit meritocrático” se separan las relaciones familiares que hay en el sistema judicial del país en “endogámicas” y de “intercambio”. Las primeras se refieren a puestos de trabajo que se buscaron para familiares en una nueva jurisdicción, y las segundas a cargos que se intercambian entre empleados de una misma o de diferente área.

En el caso de Puebla, se identificaron 60 casos de la primera categoría y de la segunda sumaron 105.

De acuerdo con los resultados, se identificaron 283 relaciones de consanguinidad (familiares de sangre) y 102 de afinidad, como esposas, parejas, cuñados, consuegros o concuños.

“Nepotismo impera en Puebla”

Mexicanos Contra la Corrupción sostuvo que el “nepotismo impera en Puebla”, pues el 48 por ciento de los familiares de jueces y magistrados tienen cargos de carrera judicial, que deberían ser concursados y otorgados por méritos académicos.

Sin embargo, entre 1995 y 2016 el 87 por ciento de los concursos fueron a convocatoria cerrada (en las que sólo podían inscribirse personas que ya laboran en el Poder Judicial), excluyendo a profesores, académicos y abogados litigantes.


La mitad de jueces federales en Puebla mete a familia en nómina

Al menos la mitad de los 66 jueces y magistrados del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Puebla, metió a trabajar con ellos a sus parejas o exparejas, padres, hijos y hasta suegras.

Así lo expone el informe “El poder familiar de la federación”, que elaboró la agrupación ciudadana Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción.

A nivel nacional, al menos 500 jueces y magistrados tienen trabajando en tribunales y juzgados de su adscripción o de otras regiones, a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.

Estos funcionarios tienen facultades para nombrar y remover a los empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución, beneficio que les fue concedido para garantizar su autonomía, pero éstos lo han desvirtuado con nombramientos discrecionales para parientes, según se indica en el documento.

Magistrados y jueces se despachan con 13 puestos en promedio

La organización no gubernamental explicó que no están disponibles los nombres de los funcionarios del Poder Judicial federal adscritos a Puebla que incurren en nepotismo, pues elaboraron el informe con base en las claves con las que éstos están adscritos.

No obstante, en el documento se indica que de los 66 jueces y magistrados federales que hay en la entidad, entre 34 y 36 –la mitad- otorgaron 450 puestos a familiares o parejas sentimentales, lo que representa un promedio de 13 cargos por cada servidor encargado de impartir justicia.

En el Sexto Circuito del PJF hay 1 mil 445 empleados, por lo que los 450 cargos ocupados por los conocidos de los funcionarios, equivalen al 31.14 por ciento del total.

Según la información presentada, destacan 11 casos relacionados con parejas o exparejas sentimentales, 13 son padres de los funcionarios, otros nueve son hermanos y tres tienen a sus hijos.

Los datos presentados por Mexicanos Contra la Corrupción señalan que Puebla es la cuarta entidad del país con más empleados del PJF, después de Nuevo León en donde hay 1 mil 490, Baja California con 1 mil 705 y Jalisco con 2 mil 953.

Magistrado de Durango labora con su familia completa

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de 1 mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6 por ciento.

Uno de los casos extremos identificados por la agrupación corresponde a un magistrado de Circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En ese circuito hay 33 juzgadores que tienen trabajando a 54 de sus vástagos.

Por mencionar algunos ejemplos: con uno de los magistrados de circuito laboran sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, dos más son secretarios de tribunal y otro de juzgado.

El informe no incluye el primer circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

Para consultar la lista de magistrados y jueces del Sexto Circuito del PJF visite el link: http://www.cjf.gob.mx/DIrectorios/OJintcirc.aspx?cir=6

Las ilustraciones son de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

Ex parejas y familiares de 500 jueces tienen plazas en el Poder Judicial
Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el reporte elaborado por la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

Desvirtúan facultad constitucional
Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución.

Esa disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero ha sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes, como evidencia el estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.

“No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”, advierte el estudio, del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) posee una copia.

El estudio asienta que se ha dado la multiplicación de “redes clientelares” dentro de los órganos jurisdiccionales, o bien con cruzamientos y “enroques” entre los diversos circuitos.

En la práctica, ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca.

Un magistrado con 17 parientes
En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.

Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del País, y según se dice la información recabada fue corroborada con información del CJF.

El informe no incluye el primer circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan, correspondientes






lunes, 27 de agosto de 2018

En Bimbo el que no tranza no le alcanza

El caso del vendedor de Bimbo sigue en la mente de las personas y hasta una cumbia le compusieron, en la que al parecer se busca limpiar su imagen.

En la letra de la composición se menciona que ha mexicanos que por necesidad, “Que por llevar sustento la vamos a regar”.

Con esta frase se da entrada a otro argumento, en el que muchos usuarios de redes sociales están de acuerdo: “Hay otras personas que roban de millones, que por peces grandes los van a soltar”.

Y acompañan la letra anterior con una imagen de Elba Esther Gordillo, quien salió libre tras varios años en prisión.

Aquí la polémica letra de la Cumbia del repartidor de Bimbo:
Hay un video en internet
El vendedor de Bimbo que a todos indignó
Llegó a la tiendita este repartidor
Y en su camisa un producto se clavó
De pronto el video se convirtió viral
Y a este señor le cayó la autoridad
Hay muchos mexicanos que por necesidad
Que por llevar sustento la vamos a regar
No quiero señores, no lo quiero juzgar
Hay gente en el gobierno que roba mucho más
Hay otras personas que roban de millones
Que por peces grandes los van a soltar
Al vendedor de Bimbo lo van a encarcelar
Y al panz… de Duarte ya lo van a soltar
Al vendedor de Bimbo todo mundo juzgó
Y a Elba Esther Gordillo la chota la soltó.

sábado, 25 de agosto de 2018

viernes, 24 de agosto de 2018

jueves, 23 de agosto de 2018

viernes, 17 de agosto de 2018

Magistrado del TSJ fungió como juez sin tener cédula profesional

e-prensa |  Viernes, Agosto 17, 2018
Gabriel Biestro, líder de Morena, anunció que su partido denunciará penalmente ante la FGE al magistrado José Montiel Rodríguez

El partido Morena denunciará por la vía penal ante, la Fiscalía General del Estado (FGE), a José Montiel Rodríguez, quien fue designado por el Congreso magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Gabriel Biestro Medinilla, presidente estatal de Morena y diputado electo, precisó que el juicio que se emprenderá en contra de Rodríguez Montiel se sumará a la impugnación que promoverán por su nombramiento como integrante del Poder Judicial.

La denuncia penal -detalló- se sustenta en que el ahora magistrado fungió como juez en 2001 cuando  no contaba con la cédula profesional que lo acreditara para desempeñar tal cargo, lo cual implica que incurrió en el delito de usurpación de funciones.

"Fue juez en 2001 sin contar con la cédula profesional. Los casos que él haya juzgado podrían ser nulos. Los diputados (electos) vamos a meter tanto la impugnación por el nombramiento y la denuncia ante la Fiscalía. La cédula profesional la obtuvo en 2012 y fue juez en 2001", aseveró el dirigente morenista.

De acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los aspirantes a una magistratura deben contar con una cédula profesional  con un mínimo de antigüedad de 10 años, situación que el ex funcionario estatal no cumple.

Junto con Morena, la diputada Socorro Quezada Tiempo adelantó que promoverá el recurso de revocación de mandato, y la abogada Montserrat González Fernández presentó un juicio de amparo.

El 24 de julio, Rodríguez Montiel rindió protesta como magistrado de TSJ. Fue propuesto por el gobernador Antonio Gali Fayad para llegar al poder judicial, y se considera una posición del ex mandatario Rafael Moreno Valle.

domingo, 12 de agosto de 2018

Fideicomisos morenovallistas sin transparencia

Martes, Agosto 7, 2018
Al concluir la revisión con efectos vinculantes por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip), los 32 fideicomisos que dependen de la administración estatal siguen sin hacer pública la información referente a su funcionamiento. 

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia se constató que Beca a un Niño Indígena, por ejemplo, que manejó la hoy gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, en su paso por el DIF estatal, aun no transparenta su padrón de beneficiarios.

El pasado 31 de julio concluyó la segunda revisión del año realizada por el Itaip, la cual por primera vez tendrá efectos vinculantes, es decir habrá sanciones para los sujetos obligados que incumplan con la Ley de Transparencia. 

Información a cuenta gotas

El Fideicomiso para la Conservación de Parques a cargo del gobierno del estado que no transparentaba su funcionamiento, recientemente informó que en 2017 contó con 4 millones de pesos, sin detallar el uso y destino final de los mismos. 

Por su parte, el Fondo de Seguridad del Estado de Puebla reportó que cuenta con 2 mil 491 millones de pesos pero no generó información sobre su padrón de beneficiarios. 

El Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad del Estado de Puebla publicó que los recursos totales con los que cuenta ascienden a 5 mil 64 pesos hasta marzo de 2018, pero no informa sobre el uso y destino final de los mismos. 

En tanto, el Fideicomiso del Estado de Puebla para la Implementación del Sistema de Justicia Penal no especifica el uso y destino de sus ingresos; únicamente informa que el gobierno del estado es uno de sus fideicomisarios. 

El Centro de Capacitación Esperanza Azteca omite el destino final de los recursos bajo el argumento que no aplica dicha información para ellos. 

Supuestamente al inicio de 2018 contaba con 4 mil 900 pesos de presupuesto con un total de 502 beneficiarios en su padrón.

Los que siguen sin informar nada

Los esquemas que en definitiva no transparentan sus presupuestos, destino final y su padrón de beneficiarios, exigencias establecidas en la ley, son el Fideicomiso Fondo Fortalecimiento de la Microempresa, Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fideicomiso con el Banco del Bajío S.A. de C.V.15898-06-267.

En la misma condición se encuentra el Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG / 2014, ya extinto, relacionado con los hechos de Chalchihuapan. 

Información incompleta

Como desde hace tres meses el fideicomiso Beca a un Niño Indígena solo informa que maneja 9.9 millones de pesos, que utilizó para la adquisición de material escolar y para el otorgamiento de paquetes escolares.

Sin embargo no especifica de qué tipo es y tampoco hay registros sobre el padrón de beneficiarios. 

El Fideicomiso BRT Puebla Cuenca Norte-Sur no aclara el monto total, ni el destino final de los recursos fidiecomitidos y también es opaco su padrón de beneficiarios. 

En la revisión hecha se confirmó que el resto de los fideicomisos y fondos cuentan también con información incompleta.

Roxana Luna será sancionada

Lunes, Agosto 6, 2018
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 35 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización en contra de candidatos a la gubernatura, diputaciones federales, presidencias municipales y por el Senado de la República que compitieron en Puebla.

Durante la sesión extraordinaria del organismo que inició este lunes a las 10 de la mañana y que continuaba hasta las 20 horas, la Comisión de Fiscalización presentó un total de 435 quejas que los partidos políticos y ciudadanos presentaron en contra de candidatos a la presidencia de México, diputaciones federales, senadores, legisladores locales, alcaldías y gubernaturas.

En el arranque de la sesión, la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles cuestionó los criterios bajo los que en algunos procedimientos se consideraron las pruebas técnicas de las faltas cometidas en materia de fiscalización, pero en otros casos se desecharon.

La observación hecha por la consejera la minimizó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, el cual sostuvo que el trabajo que se presentó no advertía criterios diferenciados.

Candidatos en Puebla sumaron 35 quejas

Sin abundar en los montos de las sanciones a las que se hicieron acreedores diversos candidatos y partidos políticos, el Consejo General del INE aprobó los proyectos sancionadores administrativos en materia de fiscalización.

Dentro de las quejas que se presentaron para su validación se encontraban los expedientes en los que el PRI se inconformó en contra de los aspirantes al Senado, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo de la coalición "Juntos Haremos Historia"; además Nadia Navarro Acevedo y Mario Riestra Piña de la alianza "Por México al Frente".

También se presentaron los acuerdos sobre las procedimientos que Morena promovió en contra de Martha Erika Alonso Hidalgo de la coalición "Por Puebla al Frente" para la gubernatura; así como el que el PAN interpuso hacia Luis Miguel Barbosa Huerta de "Juntos Haremos Historia".

En el listado de expedientes de candidatos de Puebla se encontraron procedimientos en contra de las ex aspirantes a la Cámara de Diputados por el distrito 12 de Puebla, Karina Romero Alcalá (PRI) y Roxana Luna Porquillo (Por México al Frente), quienes fueron denunciadas por el diputado federal electo Fernando Manzanilla Prieto (Juntos Haremos Historia).

Alonso reportó el mayor gasto a la gubernatura

Durante la sesión extraordinaria, se enlistó el informe de fiscalización referente a las elecciones a la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales de Puebla.

De acuerdo con la información publicada en materia de fiscalización, Martha Erika Alonso Hidalgo registró 308 operaciones por un monto de 22 millones 528 mil 459 pesos; el priísta Enrique Doger Guerrero reportó 303 operaciones por 18 millones 424 mil 27 pesos.

Luis Miguel Barbosa Huerta un global de 489 operaciones por 9 millones 905 mil 502 pesos. El representante del PVEM, Michel Chaín Carillo reportó un gasto de 8 millones 28 mil 884 pesos y 72 operaciones.

Artesanias