sábado, 30 de junio de 2018

Los 10 delitos electorales tipificados en México

La Fepade pone a disposición de los ciudadanos una línea telefónica para denuncias del interior del país (01-800-833-72-33) y otra para Estados Unidos y Canadá (18-66-47-79-960).
Sábado, 30 de junio de 2018

Conoce y denuncia.  El día de votaciones, estas prácticas son recurrentes.  (Foto: Cortesía Fepade)

Llegó la hora de acudir a las urnas y para estar pendientes de qué delitos se pudieran cometer antes, durante y después de la jornada electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) elaboró un manual para identificarlos y denunciarlos.

El 1 de julio están en juego la elección de presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, además de otros cargos públicos en los estados.

En todo el país se instalarán 155,484 casillas y cerca de un millón de ciudadanos participarán como funcionarios de casilla, además de que más de 87 millones de mexicanos están empadronados y podrán votar.

En el cuadernillo, ilustrado por Sergio Iracheta, la Fepade y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) explican las sanciones que a quien cometa algunos de estos 10 delitos:

1. Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña

Ningún funcionario público debe participar en una campaña política en horario laboral ni destinar dinero público a ellas, pues con eso genera inequidad en una contienda electoral. Hacerlo constituye el delito de peculado.

Sanción: hasta con 400 días de multa y 2 a 9 años de prisión.



Es delito.  Utilizar recursos públicos a favor de un candidato.
2. Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales

Durante las campañas siempre hay denuncias de que algún partido político o gobierno condiciona los programas sociales. En el manual, la Fepade establece que es un delito electoral condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias o la realización de obras públicas a la emisión del voto por un partido o candidato.


Sanción: 200 a 400 días de multa y de 2 a 9 años de prisión.

Programas no deben ser condicionados
3. Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos

Trabajar en el gobierno no obliga a apoyar a un partido o candidato. Los servidores públicos, igual que el resto de la ciudadanía, tienen derecho a votar libremente y tener la ideología política que prefiera.

Si un servidor público presiona o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, voten o se abstengan de votar por un candidato, partido o coalición, comete un delito.

Sanción: hasta 400 días den multa y 2 a 9 años de prisión.

Si trabajas en gobierno
4. Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas

Es delito presionar a un elector o funcionarios de casilla para votar por un candidato o cometer alguna irregularidad para beneficiarlo.

Sanción: 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años. Si al momento de cometer el delito la persona está armada, la pena aumentará hasta en una mitad, independientemente de las que correspondan por la comisión de otros delitos.

Que no te intimiden
5. Rebasar los topes de campaña o utilizar dinero ilícito en las campañas

Rebasar los montos de topes de gastos campaña establecidos por los institutos electorales estatales o el nacional, o destinar a las campañas dinero de origen ilegal también es un delito.

Sanción: 5,000 días de multa y 15 años de prisión.

Es un delito
6. Destruir o dañar material electoral

Una persona que impida la votación al destruir las boletas, actas, urnas, modulares y marcadores indelebles estará cometiendo un delito electoral.

Sanción: 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años, si la persona está afiliada a un partido. Si el delito lo comete un ciudadano sin afiliación partidista, la sanción será de 6 meses a 3 años de prisión.



Quema de material electoral
7. Incumplir obligaciones de rendición de cuentas

Todos los candidatos que participen en una contienda electoral deben comprobar en qué gastaron el dinero que público y privado que recibieron.

Sanción: candidato o funcionario que se abstenga de comprobar y justificar los gastos ordinarios y de campaña, una vez que hubiese sido legalmente requerido para hacerlo, recibirá de 100 a 200 días de multa y 2 a 6 años de prisión.

Cuentas claras

8. Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados

Durante los tres días de veda –los tres antes de la elección– y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, está prohibido publicar o difundir, por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión cuyo objetivo sea dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos el día de la jornada.

Sanción: hasta 3 años de prisión y100 días de multa.



Cero encuestas

9. Inducir el voto siendo ministro de culto

Los sacerdotes o ministro de cualquier culto religioso que, en actos propios de su religión, induzcan el voto de la ciudadanía, comete un delito electoral.

El artículo 130 de la Constitución establece que "no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna". Tampoco pueden aprovechar actos o publicaciones del culto o propaganda religiosa para oponerse a leyes o instituciones del país ni agraviar los símbolos patrios.

Sanción: hasta 500 días multa.


10. Alterar los datos de la credencial para votar

Alterar una credencial de elector, el Registro Federal de Electores o expedir credenciales para votar con fotografía ilícitas son conductas delictiva.

Sanción: 60 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años.

Tu INE te pertenece solo a ti.
¿Cómo y dónde denunciar?

Cualquiera de estas prácticas debe denunciarse ante la Fepade, a los números 01-800-833-72-33, para el interior del país. Desde Estados Unidos y Canadá, al 18-66-47-79-960. También a través de la página www.fepadenet.gob.mx y la app Fepade Móvil.

Lazos familiares de Anaya y Salinas de Gortari

Una imagen con información falsa de supuestos parentescos entre el candidato presidencial Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez con la familia Salinas de Gortari, además de un supuesto lazo sanguíneo con José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha sido compartida 168 mil 598 veces en Facebook y sigue circulando en Twitter.

Carolina Martínez Franco, esposa de Ricardo Anaya, no es hermana de Ana Cecilia Martínez, actual pareja de Raúl Salinas, hermano del expresidente. La esposa del político panista tiene sólo dos hermanos: Natalia y José Ángel.

Martínez Franco nació en Querétaro, es hija de Maribel Natalia Franco y Donino Ángel Martínez Diez, empresario reconocido en ese estado del bajío mexicano. Ana Cecilia Martínez -quien es la pareja de Raúl Salinas- nació en Sinaloa y es hija de Gerónimo Martínez García, exsecretario de Educación Pública y Cultura de ese estado, según reporta Monitor Expresso, aliado de Verificado 2018.

La imagen tiene solo un dato cierto: Ana Paula Gerard Rivero, esposa del expresidente Carlos Salinas, en efecto es hermana de Gabriela Gerard Rivero, esposa del secretario González Anaya, sin embargo, éste último no tiene ninguna relación familiar con el candidato Anaya Cortés, como Verificado 2018, ya lo había desmentido.

Se han realizado distintas versiones de montaje en imágenes que han llegado a Verificado 2018 mediante la etiqueta #QuieroQueVerifiquen para hacer circular esta información, sin embargo, Ricardo Anaya no tiene parentesco con los Salinas.

viernes, 29 de junio de 2018

Anaya mentiroso y reprobado en matemáticas

Anaya dice que en 2024 un vehículo eléctrico costará lo mismo que uno que use gasolina. Esto dicen los pronósticos
Por: Andrea Bizberg / Verificado 2018  Fecha: 14 de junio, 2018

Frase: “En 2024 un vehículo eléctrico va a costar lo mismo o menos que un vehículo que tiene un motor de combustión interna que usa gasolina”.

Calificación: Discutible

¿Cuánto va a costar un auto eléctrico en 2024? Los pronósticos son muy variados y la proyección que lanzó Ricardo Anaya en el debate es sólo una más de las que hay.

La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), por ejemplo, anunció el año pasado que en Estados Unidos, China, Japón y Europa, los vehículos eléctricos podrían ser en 2030 más baratos que los que usan gasolina. Pero precisó que esto se lograría únicamente si se introduce un impuesto a la gasolina que ronde los 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono y si el precio de la gasolina está en unos 85 dólares por barril.  

La IEA señaló que aún cuando el costo de las baterías sea cada vez más bajo, podría no ser suficiente para que el precio de un vehículo eléctrico iguale al de uno de gasolina; por lo que se requieren políticas complementarias como los impuestos.

BBVA Bancomer también hizo su propio análisis y no ve posible a corto plazo una equivalencia en los precios de los dos tipos de vehículos.

Según el análisis, un requisito indispensable es que el precio de las baterías esté por debajo de los 125 USD/kWh —en 2015 era de 350 USD/kWh— y que el precio del petróleo supere los 350 USD por barril —al 6 de junio del 2018 el barril de mezcla mexicana estaba en 64 USD según cifras de Banxico—. Por lo que su proyección se aleja de lo que calculó el candidato Ricardo Anaya.

Bloomberg Latam es el único pronóstico que coincide con el del candidato Anaya, al anunciar que el precio de los vehículos eléctricos podría estar por debajo del precio de vehículos de gasolina para 2025, incluso teniendo precios de petróleo que ronden los 20 USD/barril.

La frase de Ricardo Anaya es discutible, ya que la manera en que evoluciona el mercado de vehículos eléctricos es incierta y depende de un gran número de factores. De ahí que sean pronósticos que varían según la fuente utilizada.  

A ello hay que sumar el contexto nacional: el 83% de la energía eléctrica en el país todavía se produce por energías fósiles.

Además, entre los costos adicionales para alcanzar el pronóstico de Anaya hay que considerar todo el sistema que se debe implementar a la par de la introducción de vehículos eléctricos en México, como son los puntos de recarga para los vehículos. Para México, el no haber invertido en infraestructura ni promovido un cambio en el sistema de producción nacional de electricidad, resulta bastante improbable que en 2024 un vehículo eléctrico cueste lo mismo que uno convencional.

Anaya también mintió

La fotografía que mostró Anaya sobre López Obrador y Peña Nieto es de 2012
Por: Aldo Nicolai  Fecha: 14 de junio, 2018

El candidato Ricardo Anaya denunció nuevamente en el tercer debate presidencial un supuesto pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y exhibió, como si probara su dicho, una foto en la que esos políticos aparecen juntos. Sin embargo, nunca explicó que la foto tenía seis años desde que se captó.

Ricardo Anaya exhibió la foto cuando intercambió acusaciones con Andrés Manuel López Obrador en las que ambos dijeron que, el otro, pactó con el actual presidente de la República.

Este hecho, que ocurrió en la recta final del debate, comenzó cuando López Obrador mostró una imagen de Anaya y Peña Nieto para argumentar un supuesto pacto entre los actores políticos. En realidad se trataba de una foto de Anaya, cuando era diputado, con el Presidente, tomada en enero de 2014, a la llegada al Castillo de Chapultepec para la promulgación la reforma político-electoral, según retoma la Cámara de Diputados

A partir de ahí, los candidatos se interrumpieron mutuamente por casi un minuto.

Anaya le reviró y expuso una imagen de López Obrador con Peña Nieto diciendo que “él también se toma fotos con Peña y pactó”, refiriéndose al tabasqueño. López Obrador respondió que el hecho pertenecía a un debate en 2012 y declaró que no había visto al actual presidente desde hace seis años.

La fotografía de Anaya no fue enfocada directamente por las cámaras, pero por un breve instante en la transmisión se pudo apreciar que en la imagen aparecían cinco personas.



Lo que Anaya omitió decir es que la fotografía tiene seis años de antigüedad y fue tomada durante la firma del Pacto de Civilidad ante el entonces Instituto Federal Electoral, en junio de 2012, periodo en el que Peña Nieto era el candidato del Partido Revolucionario Institucional y López Obrador el representante del Partido de la Revolución Democrática; ambos contendían por la presidencia.

El evento fue público y reportado por diversos medios.

El intercambio

Andrés Manuel López Obrador: Si mira, este es el verdadero pacto Anaya y Peña.

Ricardo Anaya: Aquí hay fotos tuyas con Peña mira.

Andrés Manuel López Obrador: Si, en el debate, en el debate.

Ricardo Anaya: Este es López Obrador con Peña.

Andrés Manuel López Obrador: Yo no lo he visto, no le he visto a Peña en seis años.

Ricardo Anaya: Aquí estás con Peña.

Andrés Manuel López Obrador: ¿Puedo terminar?.

Ricardo Anaya: Es que él también se toma fotos con Peña y él pactó.

Andrés Manuel López Obrador: No lo he visto, no lo he visto en seis años.

Ricardo Anaya: ¿Pactaste con él, ¿si o no?

Andrés Manuel López Obrador: No.

Ricardo Anaya: Claro.

Andrés Manuel López Obrador: No, no he pactado con él, no lo he visto en seis años, y tu te has reunido con él nada más en un año… 

Ricardo Anaya: Y le ofreciste impunidad, y le ofreciste impunidad…

Andrés Manuel López Obrador: ¿Me dejan? En un año se reunió seis veces, ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel, sabes qué este… no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza .

Ricardo Anaya: Y le ofreciste impunidad.

Cortenle la mitad de lengua por mentiroso a medias

Frase: “Aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013, quiénes votamos en contra, el número ocho: Ricardo Anaya Cortés. Eso que dijo López Obrador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina”.  

Calificación: Verdad a medias.

Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, votó en contra de tres de las cuatro leyes que abrieron la puerta a la liberación del precio de la gasolina, lo que después se conoció como el “gasolinazo”. En la cuarta votación estaba de licencia y su suplente —Ana Paola López Birlain— votó a favor.

El candidato de la coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votó el 17 de octubre de 2013 en contra de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en bloque, junto con los demás diputados de su su partido, Acción Nacional (PAN).

Pero la Ley de Ingresos del 2014 y la Ley de Hidrocarburos también son parte de las razones por las que el día de hoy la gasolina tiene un costo promedio de 18.96 pesos.

Estas leyes se reformaron entre el 2013 y el 2014, en la primera Anaya votó en contra y aunque, para la votación de la Ley de Hidrocarburos, el ahora aspirante presidencial ya había pedido licencia como diputado, la bancada del PAN, y su suplente, votaron en bloque a favor.

Las leyes del gasolinazo

El 17 de octubre del 2013 el PAN votó en contra de la reforma a la Ley del IVA, de la Ley del IEPS, y de la Ley Federal de Derechos, entre otras, de la Reforma Fiscal. Mientras que la discusión de los artículos de la Ley del IEPS quedó pendiente y fue hasta el 31 de octubre cuando el PAN volvió a votar, otra vez en bloque, en su contra.

La Ley de Hidrocarburos, votada en julio del 2014, estableció las disposiciones para liberar el precio de la gasolina de manera paulatina durante el 2017 y el 2018. Para esta votación Ricardo Anaya ya había pedido licencia como diputado; su suplente, Ana Paola López Birlain, así como la bancada del PAN votaron a favor.

La Ley de Ingresos del 2014 —por la que Anaya votó en contra— estableció en su transitorio cuarto que “a partir del 2015, los precios al público que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las gasolinas Magna y Premium y el diesel deberán ajustarse mensualmente de forma congruente con la inflación esperada de la economía”.

Esta reforma fue aprobada por mayoría, gracias a los votos en bloque del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM), y Partido Nueva Alianza (PANAL), además de una mayoría del grupo parlamentario del PRD —este último forma ahora parte de la coalición que abandera Anaya—.

Con la reforma se aprobó el impuesto de 10.38 centavos por litro de gasolina. Además, se concretaron tasas y cuotas para las personas que comercializan con ella.

Marycarmen Nava, de la organización Visión Legislativa, explica que el precio de la gasolina se ha incrementado justo por la liberación, algo que consiste en que el gobierno ya no controla el precio, sino el movimiento del mercado internacional: oferta y demanda. Con esta reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumió la responsabilidad de incrementar el precio de forma gradual.

Diego Díaz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalla que la liberación del precio “puede afectar tanto a la alza como a la baja; antes teníamos un precio fijado por la Secretaría de Hacienda, ahora el mercado y los impuestos: el IEPS y el IVA son los que lo definen”, aclara el experto.

Los decretos presidenciales firmados no privatizan el agua

¿Los decretos firmados por Peña Nieto privatizan el agua? Esto dicen especialistas, organizaciones y el gobierno
Por: Karen de la Torre, Irene Larraz y César Reveles / Verificado 2018  Fecha: 20 de junio, 2018

El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales.

Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentan lo contrario.

Estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones.



¿Qué dicen los decretos firmados por Peña Nieto?

Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

En cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión.

Cada uno de los decretos, en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.

En su página WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.



¿Fue legal la firma de los decretos?

La Ley de aguas nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida”, señala Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).



¿Qué significa levantar la veda sobre el agua?

Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.

Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno, una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”, explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.

Ya se han levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las concesiones.

La figura de la veda es un instrumento que data de los años 1930.

“Fueron creados con un fin muy particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.



¿Qué dicen las voces en contra de los decretos?

La organización Agua para Tod@s plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.

Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.

Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para Tod@s señala que cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.



¿Cuáles son los beneficios de los decretos?

La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, indicó la Secretaría.

Se trata de una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio Barrios, director del programa Agua.

“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega Barrios.

Según la Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche. “Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.



¿Se va a concesionar el agua?

Ramírez de la Parra explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Dijo que el quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en todo momento actuaron conforme a la ley.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.

El director del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera preocupación, pero por ello, dijo, la Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.

El titular de la Conagua aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.

Que al Bronco le corten la lengua por mentiroso

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, prometió que de llegar a la Presidencia no destinará recursos públicos para publicidad oficial, como dice que hizo cuando gobernó Nuevo León.

Pero el candidato independiente presidencial miente al decir que no gastó “ni un solo peso a los medios de comunicación,” y que ese dinero se usó para invertir “en la tecnología de seguridad para la comunidad”.

Entre octubre de 2015 y mayo de 2017, el gobierno de Nuevo León gastó 17 millones 986 mil 253 pesos para “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, según los informes de la secretaría de Finanzas del gobierno de Nuevo León que están disponibles en Transparencia Gubernamental y que ya documentó Verificado, medio aliado de la iniciativa Verificado 2018.

Ahora como candidato presidencial, El Bronco asegura que no gastó en comunicación social, pero no es la primera vez que lo dice. Según documentó Verificado, en mayo de 2017, durante un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo: “Estamos muy bien, pero no lo vemos, ¿por qué razón? Porque los periódicos y las televisoras todos los días están jorobe, jorobe y jorobe, y saben cuál es la razón: que no les pagamos, que no les damos dinero”.

Entre septiembre de 2015 y mayo de 2017, la empresa a la que se ha destinado mayor cantidad de dinero es Mercadotecnia de Emociones (que recibió ocho millones 972 mil 600 pesos), Ediciones del Norte S. A. de C.V. (dos millones 111 mil 298 pesos), Stereorey México (1 millón 459 mil 825 pesos) y Radio Televisora del Valle (599 mil 778).

De acuerdo con Verificado, en junio de 2017 Rodríguez Calderón rectificó: “Hay campañas que el gobierno hace a veces a través de medios, como la del zika, chikungunya, programas de educación”; dijo después de que el diario El Norte cuestionó el gasto en publicidad que el gobierno de Nuevo León pagó a la revista Aregional.

La opacidad del gasto en comunicación social de Nuevo León

Nuevo León y Guerrero, a diferencia de los otros 30 estados de la República, no reportaron gastos en comunicación social a la cuenta pública, según documentó el centro de investigación y análisis Fundar, en el informe de gastos en publicidad oficial en las entidades federativas durante 2015.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los gastos relativos en comunicación social y publicidad oficial deben estar desglosados por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de campaña. Sin embargo, en el caso de Nuevo León, para ningún año se encuentra desglosado el gasto en comunicación de los gastos generales.

Verificado 2018 revisó el gasto en comunicación social de Nuevo León para 2015, 2016 y 2017 en el Sistema de Obligaciones de Transparencia. En lugar de datos, aparece la leyenda “no se ha generado información que conforme a la Ley de Transparencia de Nuevo León deba ser publicada”.

De acuerdo con Paulina Castaño, investigadora de Fundar, que no haya datos sobre gastos en publicidad no significa que no se han generado gastos, sino que no se ha reportado la información.

También miente sobre las encuestas

El 6 de junio pasado, Rodríguez Calderón mencionó que desconfiaba en las encuestas después de que, durante la campaña electoral de 2015 en Nuevo León, periódicos como El Universal, La Jornada y El Financiero le daban bajas probabilidades de triunfo.

Durante el diálogo sostenido con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, el candidato independiente aseguró que el día de la elección en Nuevo León el periódico El Universal le daba 7% de preferencia electoral, La Jornada 6%, y El Financiero siempre lo mostró en último lugar. Luego presumió que, pese a esos pronósticos, él resultó ganador con 52% de los votos.

Verificado 2018 revisó las encuestas publicadas de estos periódicos, así como a los resultados oficiales de la elección y comprobó que las cifras presentadas por el candidato son falsas.

El primero de junio de 2015, seis días antes de la elección, El Universal publicó una encuesta que mostraba a Rodríguez Calderón con 39.7% de las preferencias, y a la candidata priista Ivonne Álvarez, con 36.9%.

La Jornada, por su parte, publicó el 8 de junio que en las encuestas de salida El Bronco se posicionaba como ganador de la elección. El 3 de junio de 2015, El Financiero publicó una encuesta en la que el candidato independiente contaba con 34% de la preferencia efectiva, mientras Álvarez tenía 32%.

De igual forma, de acuerdo a las cifras oficiales de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, El Bronco obtuvo 48.82% del total de votos válidos. Aún sin tomar en cuenta los votos nulos, el porcentaje obtenido por el candidato es de 49.9% y no 52%, como dijo.

Comprando votos con tarjetas sin saldo

Candidatos entregan tarjetas y prometen beneficios, ¿es legal? ¿Es ofrecer votos a cambio de dinero?

En los últimos días circulan imágenes de la tarjeta de Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete la entrega de mil 500 pesos mensuales a todos los mexicanos, como parte del programa propuesto de Ingreso Básico Universal,  “por el sólo hecho de ser mexicano”.

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda de la tarjeta y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre la imagen que circula en redes, el operador de la llamada mencionó que se trata sólo de un prototipo. Para los interesados en obtener la tarjeta, el operador realiza un prerregistro y solicita sus datos sin proporcionar previamente un aviso de privacidad.
Cecilia Soto, miembro de la campaña de Ricardo Anaya y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el país en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en su cuenta.

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris), durante la administración de Felipe Calderón y exdiputado por el PAN entre 2003-2006, fue el primero en publicar en Twitter esta imágen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

La campaña de la coalición Por México al Frente no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Ricardo Anaya promete entregar ese dinero si los mexicanos lo eligen presidente. Ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto puede considerarse “clientelismo”. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas, lo que ocurre, en realidad, es una práctica clientelar.
José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, comenzó, desde su arranque de campaña el primero de abril, la entrega de un certificado a todos los ciudadanos que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa propuesto por el candidato, Avanzar Contigo, el cual incluye una tarjeta con un código de barras, el nombre del programa y la firma de Meade, con la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”. La repartición de este certificado fue anunciada en un spot de campaña del candidato y  se realizará por todo el país, según informó el grupo de trabajo del candidato.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, así como identificar —entre opciones ya establecidas— sus tres necesidades más urgentes y las más urgentes para el país.

A nivel local, Alejandra Barrales, candidata de Por México al Frente (PRD, PAN y MC) a Gobierno de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar, pondría en marcha el programa Pa’ las Jefas, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa Ciudad Pa’ Estudiantes, que permitirá acceso gratuito al transporte público a estudiantes de bachillerato y universidad.

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría con el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio, esto a través de brigadas de la coalición Por México al Frente, recorridos en las calles y módulos en los que realizarán censos a los posibles beneficiarios. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.

¿Es o no es clientelismo?

Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza. Mientras que en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores de sus entidades.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás.

El TEPJF estableció en la sentencia que “la prohibición de repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, después que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se inconfomaran ante la medida por considerar que el INE se había extralimitado en sus funciones.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica —aclara el experto— sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de apoyo político.

Joy Langston, investigadora del CIDE, consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos —dinero que reciben del INE y hacer campaña— para obtener el voto ciudadano.

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.

La repartición de tarjetas no es único de las campañas electorales, algunos gobiernos estatales aprovechan la coyuntura electoral para lanzar programas de repartición de recursos a través de tarjetas. Campeche, Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Además de Chiapas y Veracruz que, en donde también elegirán gobernador.


Sigue la guerra sucia

En el municipio de San Andrés Cholula simpatizantes de diversos partidos arreciaron la guerra sucia y las descalificaciones.En algunos de los casos la defensa de los candidatos se realizó desde perfiles falsos o pseudónimos.

Los memes, volantes y descalificaciones fueron difundidos en redes sociales.






jueves, 28 de junio de 2018

Que si pero que no

A tres días de la jornada electoral, el TEPJF revocó el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que retiró a Juan Antonio Villarroel García la candidatura a la presidencia municipal de Atlixco por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La decisión surgió del juicio que el también empresario inició tras la decisión del Movimiento de Regeneración Nacional, que lo acusó de abandonar la campaña electoral los días 15, 16 y 17 de junio para viajar al mundial de futbol en Rusia.

En la sesión pública este jueves, el magistrado Armand Maitret Hernández, presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que la determinación del órgano partidista se fundamentó en una renuncia previa de Villarroel García a la candidatura, lo cual ya había sido “cosa juzgada”.

A final de marzo pasado, Villarroel había renunciado a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Atlixco, http://municipiospuebla.mx/nota/2018-03-26/atlixco/villarroel-renuncia-candidatura-de-morena-en-atlixco por considerar que personas “no gratas” le fueron impuestas en su planilla de regidores, sin embargo después peleó de vuelta su nominación con otro candidato del partido: Eleazar Pérez Sánchez.

“Se propone revocar el acto impugnado pues el órgano responsable para tener por acreditada la conducta que se le atribuyó al actor consistente en el abandono de sus obligaciones de campaña, se basó en la supuesta renuncia del promovente a su candidatura, sin embargo, en diverso juicio ciudadano resulto por esta Sala Regional (…) No se realizó una adecuada individualización de la sanción, pues en la resolución combatida únicamente se indican las sanciones aplicables sin realizar un ejercicio argumentativo del por qué lo correcto era aplicar dichas sanciones y no otras”.

Pese al argumento del magistrado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena declaró como “inoperante” el agravio de la renuncia a la candidatura por parte de Villarroel García.

“En el asunto que se resuelve, los actores hacen valer como causa de pedir, la existencia de la renuncia en comento (…) Sin embargo dicha causa ya ha sido estudiada de la manera previamente citada dentro del expediente SCM-JDC-302/2018  (…)por lo que el agravio expresado en este juicio, resultan inoperante bajo el principio de la cosa juzgada”, se precisa en el resolutivo de la queja CNHJ-PUE-533/18 presentada por Eleazar Pérez Sánchez, Rogelio Aben Romero Olavarrieta, Miguel Báez García y Adolfo Pastor Sánchez.

La resolución tomada por el órgano interno de Morena expresa que la cancelación de la candidatura de Villarroel García se dio por violar los artículos 6, 42 y 53 de los estatutos de Morena, en los que se advierte que hubo una vulneración al derecho que el partido tiene de participar en las elecciones y a los ciudadanos de contar con representantes responsables y dignos.

Sanción al PRI por spot contra hija de Barbosa

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) impuso una multa por 120 mil 900 pesos en contra del PRI por la publicación de un spot de radio en el que utiliza sin su consentimiento el nombre de María del Rosario Barbosa Orozco, hija de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura. 

Esta es la segunda multa impuesta por la Sala Regional Especializada al tricolor en menos de una semana, luego de que le aplicó una sanción económica por un spot en contra de Martha Erika Alonso Hidalgo, en la que se señala que hubo violencia política de género.

El PRI usó de manera ilegal pauta
Tras la publicación del spot, María del Rosario Barbosa presentó el recurso SRE-PSC-172/2018, respecto al cual la ponencia establece que el PRI usó de manera ilegal la pauta por incluir el nombre de la hija del candidato de Morena sin su consentimiento, a quien se le expone al escrutinio público sin justificación. 

Los magistrados de la Sala Regional destacaron que en el promocional no se aclara el partido político que auspició el anuncio, por lo que el TEPJF  le impuso al tricolor una multa de mil 500 Umas, equivalentes a 120 mil 900 pesos.

Asimismo ordenó al INE que el spot aludido se retire inmediatamente de la pauta de promocionales.

Fraude en el PSI

Una red de empresas fantasma que facturaron de todo al Gobierno de Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Valle fue detectada tras una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE.

Según un reportaje del diario Reforma, algunas compañías fueron utilizadas por Pacto Social de Integración (PSI), partido estatal que conforma la coalición Frente por Puebla, que abandera a la esposa del ex Mandatario, Martha Érika Alonso, como candidata a la Gubernatura.

En total la red está compuesta por unas 10 empresas fachada que facturaron más de 700 millones de pesos entre 2013 y 2016 al Gobierno poblano, y al menos dos de ellas también facturaron diversos servicios al PSI, partido atribuido al ex Gobernador para dividir el voto en su entidad.

Según Reforma, las firmas prestaron todo tipo de servicios en más de 300 ocasiones sólo en 2015, sin contar con domicilio fiscal, y todas usaron la misma cadena de folio tributario que expide el SAT, número 00001000000203495276, de acuerdo con facturas en poder de REFORMA.

Entre las empresas señaladas por el INE figuran Biotecnia del Sureste S. A. de C. V. y Bio Edificare S. A. de C. V., las cuales no fueron localizadas.

En dichas compañías la UTF encontró "errores y omisiones" derivados de los ingresos y gastos en el Informe Anual 2016 del PSI.

En ambos casos, la unidad fiscalizadora del INE requirió en los oficios INE/UTF/DA-F/5118/17 y INE/UTF/DA-F/5120/17 información relacionada con las operaciones contables realizadas con el PSI para comprobar la veracidad de lo reportado por el instituto político.

Y después hizo una visita a sus supuestos domicilios fiscales, detectando que no existían.

La UTF preguntó a las empresas Biotecnia del Sureste y Bio Edificare si el PSI realizó con ellas operaciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y que de ser cierto, se enviara la información fiscal detallada, pero no respondieron.

"Al no haber localizado el domicilio del representante legal de Biotecnia del Sureste se procede a llevar una diligencia de notificación por estrados el 23 de mayo de 2017", destacó el INE en los oficios.

Biotecnia del Sureste fue proveedora en la Administración de Moreno Valle y lo mismo facturó limpieza de sillas de oficina, artículos de papelería, agua, dulces, chocolates, galletas, gaseosas, nueces, consumo de alimentos, hospedaje y coffee breaks.

Por ejemplo, en la factura 563 de fecha 3 de julio de 2015 cobró al Gobierno de Puebla 99 mil 62 pesos pesos con IVA incluido por el servicio de coffee break.

El 16 de junio de 2015 la misma empresa facturó a la gestión poblana 159 mil 488 por otro coffee break, se establece en la factura 515, utilizando la misma cadena de folio tributario expedida por el SAT.

Bio Edificare también facturó múltiples servicios al Gobierno de Puebla, idénticos a los proporcionados por Biotecnia del Sureste y hasta evaluaciones de proyectos para programas locales.

Por ejemplo, en la factura 07, Bio Edificare cobró 180 mil pesos por la evaluación de un proyecto del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE).

En las facturas de dicha compañía además figura la misma cadena de folio tributario del SAT.

Otras firmas que también utilizaron ese folio tributario para facturar servicios similares al Gobierno de Moreno Valle son Actuarial Integral Optimización, Mercadotecnia, Capacitación y Comercialización, Marta Candelario Mora, Consultoría, Comercio y Edificaciones Mata, Creación Mexicana de Construcción, Luciano Colorado Mata, Lab Tec del Valle y Grupo Empresarial Dante.

La mayoría de las empresas puso como domicilio fiscal el mismo lugar: 16 de septiembre 3906, en la Ciudad de Puebla.

Detienen en a 2 sujetos por presunto robo de vehículo

Detienen en San Pedro Cholula a 2 sujetos por presunto robo de vehículo
28 de junio de 2018.- Derivado de una oportuna intervención de elementos de vialidad de San Pedro Cholula, se logró asegurar a dos hombres que momentos antes habían robado una camioneta en la junta auxiliar de San Agustín Calvario.

Los uniformados se encontraban en la 12 poniente y 4 norte, cuando un ciudadano que iba a bordo de su vehículo les solicitó ayuda, señalando una camioneta Chevrolet tipo redilas, color blanco con líneas verdes y placas de circulación KW-13915 del estado de México que iba adelante, manifestando que era de su propiedad y que los dos sujetos que iban a bordo, minutos antes la habían robado.

Ante tal señalamiento, los policías viales activaron un protocolo de rastreo y comenzaron una persecución para darles alcance sobre bulevar Forjadores a la altura de la 22 oriente, donde fueron asegurados Brayham Alexis N. y César Alejandro N. de 20 y 17 años de edad, respectivamente.

Por su parte, el agraviado manifestó que al encontrarse en su domicilio, escuchó ruidos en el patio y al asomarse observó a los dos hombres, quienes después de abrir su camioneta, la abordaron y comenzaron a avanzar, por lo que él comenzó a perseguirlos en otro vehículo sin perderlos de vista. 

Por tal motivo, Brayham Alexis “N” de 20 años de edad fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que César Alejandro “N” de 17 años de edad, fue trasladado a la Agencia especializada para adolescentes para las investigaciones correspondientes.

martes, 26 de junio de 2018

Denunciarán por falsificación de documentos

 Denunciará San Pedro Cholula por falsificación de documentos
26 de junio de 2018.-  El Ayuntamiento de San Pedro Cholula presentará una denuncia por falsificación de documentos informó el Secretaría General, Ignacio Molina Huerta, quien lamentó la desesperación de algunas personas por querer inmiscuir a la administración municipal en situaciones electorales.

En ese sentido, explicó que el documento difundido es completamente falso, además de que presenta una serie de errores como su firma, olvidaron sellar el oficio, además de errores ortográficos.

Molina Huerta indicó que otros errores son que vienen dos asuntos, oficio y circular y en ambos de acuerdo al libro de registros no existen. Sobre el oficio 3157/2018, apenas se va en el 1823/2018 y sobre la circular se puso el 38-18 y va en el 32-18 que fue emitido el 13 de junio sobre el resguardo de los vehículos.

“Si notan el oficio va dirigido a los trabajadores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, jamás me atrevería a dirigir un oficio de forma tan burda. El documento es falso, obran con mala fe, es una burla a la inteligencia derivado de la coyuntura electoral. Nos subieron al ring electoral con una burda falsificación”.

El gobierno municipal -agregó-, esta cumpliendo con la normatividad electoral, estamos cumpliendo con todas las disposiciones de la ley, no estamos ejerciendo propaganda, no estamos haciendo ningún acto ni inmoral ni ilegal, entonces nosotros estamos con la conciencia tranquila.

Además el secretario General informó que en apego a la ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales en San Pedro Cholula habrá ley seca el sábado 30 de junio y domingo 1 de julio donde esta prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

También el funcionario municipal señaló que derivado de legislación electoral, todos los vehículos oficiales del Ayuntamiento -que son cerca de 140-, serán resguardados no así los utilitarios como patrullas y alumbrado.

“El resto serán resguardados en el corralón municipal previa fe de un notario público donde no los vamos a poder sacar para que no se preste a malas interpretaciones”, comentó.

domingo, 24 de junio de 2018

Cancelan registro de candidato por irse a Rusia

Sábado, Junio 23, 2018
Por abandonar la campaña y actuar manera dolosa, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena canceló el registro de Juan Antonio Villarroel García como candidato a la presidencia municipal de Atlixco por la coalición "Juntos Haremos Historia". 

El resolutivo se aprobó el 21 de junio y se dio tras la impugnación que Eleazar Pérez Sánchez, Rogelio Aben Romero Olavarrieta, Miguel Báez García y Adolfo Pastor Sánchez promovieron en contra de Villarroel García y los integrantes de su planilla al ayuntamiento de Atlixco.

En la demanda presentada, se hace referencia a que Villarroel García se ausentó de la campaña los días 15, 16 y 17 de junio y que los medios de comunicación reportaron sobre su estancia en Rusia, viaje que justificó con la entrega de un reconocimiento empresarial, pero también se hizo público su asistencia a un juego del mundial de fútbol.

sábado, 23 de junio de 2018

No hay violencia de género al referirse a la esposa de Moreno Valle

Pese a que el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado ratificó las medidas cautelares en contra del candidato a gobernador por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Miguel Barbosa Huerta, fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien revocó dichas resoluciones impuestas, por referirse a la panista Martha Erika Alonso como “la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle”.

Al resolver el recurso de impugnación SUP-JDC-357/2018, la Sala Superior del TEPJF revocó la medida cautelar impuesta por el Instituto Electoral del Estado (IEEP) al candidato a la gubernatura de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que omitiera referirse a Alonso Hidalgo como “la esposa del exgobernador Moreno Valle”.

En el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se sostiene que las declaraciones hechas por Barbosa Huerta no encuadran en un caso de violencia de género, pues cronológicamente Alonso Hidalgo sí sucede en el cargo a su esposo Moreno Valle.

“En plenitud de jurisdicción se determina que no existen elementos que demuestren de manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho que las expresiones se ubican fuera de los límites de la libertad de expresión o constituyen violencia política de género, ello porque no se dirigen de manera directa a la candidata a la gubernatura de Puebla, sino al ex gobernador de la entidad (...) además las frases no son inequívocas”.

Además, en el análisis hecho por el magistrado ponente se indica que los dichos de Barbosa Huerta no hablan de una “subordinación” de Alonso Hidalgo al ex mandatario, sino que cuestiona lo reprochable de una sucesión del poder entre cónyuges.

En mayo, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEE aprobó dos medidas cautelares en contra de Barbosa Huerta y el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En el caso atendido este miércoles por la Sala Superior del TEPJF se revocó la medida cautelar que se dio a raíz de la queja del PAN en contra del aspirante de izquierda, con la cual se ordenó a Barbosa Huerta a retirar de sus redes sociales el discurso que dio el 30 de abril en un mitin con López Obrador en Tepeaca, lugar en el que señaló que “Moreno Valle quiere dejar a su esposa como gobernadora”.

TEPJF amonesta a Alonso por difusión extemporánea de spot


Una amonestación pública para  Martha Erika Alonso Hidalgo  y una multa  por 806 mil pesos a Compromiso por Puebla (CPP), fueron aprobadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La sentencia en contra de la panista y el partido estatal se dio por la transmisión extemporánea de un spot de televisión en el periodo de intercampaña, acción que Morena y el PRI advirtieron  implicó un acto anticipado de campaña.

En la sesión pública del TEPJF, el magistrado Reyes Rodríguez  Mondragón presentó el proyecto referente a los juicios de revisión constitucional 121 y 122 de Morena y PRI, en el cual advirtió que tanto el partido como Alonso Hidalgo, en su calidad de precandidata a la gubernatura, incurrieron en una falta.

El integrante de la Sala Superior indicó que en el caso Alonso Hidalgo, los escritos que la panista presentó ante la autoridad electoral para deslindarse de la transmisión de los spots no fueron "oportunos, idóneos y eficaces".

Asimismo, comentó que no se presentaron ante  la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que se encarga de pautar los materiales propagandísticos de los partidos, precandidatos y candidatos.

"Los dos escritos de deslinde que presentó la precandidata, se consideran que hayan sido idóneos, oportunos y eficaces a efecto de eximirla de responsabilidad, sino que en todo caso deben ser valorados a efecto del grado de sanción (...) una vez difundidos los promocionales se actualizaron los actos anticipados de campaña por parte de la precandidata al haber participado en la elaboración y al haber de alguna manera tolerado su difusión, porque fueron pautados en el periodo de precampaña (...) y se transmitió en días posteriores en la intercampaña".

Además, el magistrado Rodríguez Mondragón, identificado con el PAN, señaló que los escritos de deslinde de Alonso Hidalgo se presentaron el 12 de febrero,  pero no la eximen de responsabilidad debido a que los spots siguieron transmitiendo hasta el día 19.

De la conducta de Compromiso por Puebla, la sentencia expresa que el partido estatal actuó con dolo y que dilató la petición ante el órgano electoral para que los promocionales elaborados para el periodo de precampaña continuarán transmitiéndose en la intercampaña.

Publicado el Viernes, Junio 22, 2018

viernes, 22 de junio de 2018

Recupera policía presunto hidrocarburo robado

 Recupera policía de San Pedro Cholula presunto hidrocarburo robado
22 de junio de 2018.- Elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula recuperaron en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, una camioneta que transportaba hidrocarburo al parecer de procedencia ilícita.

Los uniformados se encontraban realizando recorrido de vigilancia a fin de prevenir delitos, cuando al circular sobre la calle Calpan entre calle Canal y las Flores, observaron que circulaba una camioneta marca Chevrolet color rojo, con número de placas SM19-133 del estado de Puebla, misma que estaba cubierta con una lona y emanaba un fuerte olor a gasolina.

Los tripulantes al percatarse de la presencia de los uniformados aceleraron la marcha y estacionaron la unidad en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Calpan.

Ante tal hecho, los policías procedieron a realizar una inspección de la unidad, localizando en la parte trasera, cuatro contenedores con una capacidad aproximada de mil litros cada uno, mismas que se encontraban llenas con una sustancia con las características propias del hidrocarburo.

Por tal motivo el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones a las que haya lugar.

Con estas acciones el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reitera su compromiso de garantizar la seguridad para hacer del municipio una Ciudad de Bien.

jueves, 21 de junio de 2018

Renuncias en el PVEM un problema de liderazgo


Natale renuncia a la candidatura por el Senado de la República
En medio de ataques recibidos por parte de los candidatos del PRI y de la coalición “Por México al Frente”, Nancy de la Sierra salió a flote en el segundo debate entre candidatos al Senado de la República por Puebla, llevándose consigo a Juan Carlos Natale López quien anunció su respaldo al proyecto que encabeza Morena.

En la recta final del encuentro realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado jueves 21 de junio, el abanderado del Verde Ecologista (PVEM) anunció su renuncia al partido e informó que sus votos de próximo 1 de julio estarán dirigidos hacia los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Daré mi voto a todos los candidatos de Morena, incluyendo a Barbosa y a todos los candidatos de Morena. Para que México camine hay que darle nuestro voto a todos los candidatos a legisladores de Morena para apoyar al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, manifestó el diputado local con licencia.

Justificó su renuncia a la candidatura al hecho de que las encuestas lo posicionan en el cuarto lugar de las fórmulas a la Cámara Alta, y enseguida dio lectura a una carta improvisada en la que comprometía a de la Sierra a presentar sus propuestas ante la próxima legislatura.

Charolet renuncia a la candidatura por la presidencia de Zacatlán

El pasado 12 de junio declinó el candidato a la presidencia municipal de Zacatlán, por el PVEM, José Raybel Charolet González, quien abandonó la contienda para sumarse con toda su estructura al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Raúl de la Llata Mier.

Charolet González aseguró que la estructura de su partido en el estado y los candidatos a la diputación local y federal no estaban enterados de su decisión, por lo que señaló: "seguramente se sorprenderán... Con esto no quiero desilusionar a las personas que han creído un mí, pero sí dejarles en claro que se trata de sumarse al candidato que responda a las demandas urgentes de la población, y ese candidato es Raúl de la Llata”, subrayó.

También en Zacatlán, el candidato a regidor por Morena, Fredit Hernández Padilla, presentó su renuncia al acusar presiones del candidato de Juntos Haremos Historia, Yibran Farjat Mourad, por lo que ahora apoyará al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Márquez Lecona. El pasado 5 de junio el candidato de Pacto Social de Integración (PSI) también se sumó junto con su planilla y su equipo de campaña a la campaña de De la Llata Mier. Así, hasta ayer quedó concretada la tercera declinación en este municipio.



Información publicada el 21 de junio de 2018.

AMLO gana en Puebla

El 21 de junio de 2018 Grupo Reforma difundió las encuestas nacionales en donde el candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador gana en el Estado de Puebla con una amplia ventaja, sobre su más cercano contendiente el candidato de México al Frente.

En la encuesta aplicada al candidato a gobernador del Estado, la panista Martha Erika Alonso encabeza las preferencias con tres puntos sobre su más cercano competidor Miguel Barbosa Huerta que tiene el 38% superando a Enrique Doger Guerrero que alcanza escasamente el 18% por el PRI y rezagado Michel Chain con el 3% al PVEM.





miércoles, 20 de junio de 2018

Detiene policía a sujetos por portación de arma

 Detiene policía de San Pedro Cholula 2 sujetos por portación de arma  

20 de junio de 2018.- Derivado de los trabajos de la Unidad de Análisis e Información de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), localizó un vehículo Jetta -que de acuerdo a denuncias presuntamente estaría relacionado con diversos robos cometidos en el municipio-, logrando asegurar a dos hombres quienes portaban armas de fuego.

El grupo táctico se encontraba realizando recorrido de seguridad y vigilancia en las calles 5 de mayo y Cholula de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, cuando ubicaron un vehículo Jetta color gris, con placas de circulación TYZ-3220 del estado de Puebla, en cuyo interior viajaban dos hombres.

Al realizar una inspección de los mismos, se le encontró a Ernesto N un arma de fuego calibre 22 con 7 cartuchos útiles y uno percutido, mientras que a Gustavo ?N? portaba una pistola calibre 38 con seis cartuchos útiles.

Además portaban dinero en efectivo, un cuchillo, hierba verde con características propias de la marihuana, dos teléfonos celulares, un recipiente con un líquido al parecer amoniaco y una camisola de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) de Puebla.

Tras consultar el estatus legal del vehículo, se determinó que el vehículo contaba con reporte de robo, además de que se cuentan con denuncias de robos con la participación de un automóvil con las mismas características.

Por tal motivo, Ernesto N y Gustavo N de 25 y 32 años de edad, respectivamente, fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.