miércoles, 4 de octubre de 2017

Diputados violaron derechos de Rivera

e-consulta   /    María Pineda  |  Martes, Octubre 3, 2017

Al dictar la primera sentencia de los dos juicios de amparo que Eduardo Rivera Pérez presentó contra su inhabilitación, el Juez Tercero de Distrito determinó sobreseer el proceso 553/2017 y advirtió que el atraso con el que el Congreso del Estado resolvió sobre la cuenta pública 2013 vulneró los derechos humanos del panista.

El fallo del juez federal deja intacta la medida cautelar para que el nombre de Rivera Pérez no aparezca en el Registro Nacional  y Estatal de Servidores Públicos Sancionados, luego de que en abril la LIX Legislatura aprobó inhabilitarlo para ocupar un cargo por 12 años y multarlo con  25.5 millones de pesos.


La determinación deja a salvo los derechos políticos del panista y abre la puerta para que pueda participar en el proceso electoral de 2018, en el cual Rivera Pérez aceptó su interés de contender como candidato a la gubernatura.

Primer juicio fue contra anomalías del Congreso

En marzo, Rivera Pérez emprendió la defensa legal ante el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), que el Congreso avaló en diciembre de 2016 por su cuenta pública 2013.

El amparo 553/2017 fue en contra del incumplimiento del Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para responderle, en un plazo máximo de 30 días, si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública.

Aunque el juez se tardó siete meses en dictar una sentencia a dicho juicio de amparo, advirtió que la demoracon la que los legisladores locales resolvieron el proceso de fiscalización contra Rivera Pérez vulneró sus derechos humanos.

“El juicio de amparo sobreseído, quiere decir que el juez consideró que la caducidad debe estudiarse en el segundo amparo, lo cual no fue impedimento para que el juzgador observara que el atraso que cometió el Congreso del Estado para resolver la cuenta pública 2013, haya vulnerado los derechos humanos de Eduardo Rivera Pérez”, refiere el comunicado del panista.

Mantiene Rivera un segundo juicio

Tras la aprobación de su inhabilitación y sanción económica, el ex alcalde de Puebla promovió un segundo juicio de amparo, identificado como el 943/2017, recurso con el que busca dejar sin efecto la determinación de los diputados locales.

Este proceso se encuentra suspendido, luego de que el Juez Tercero de Distrito emitió un acuerdo el 10 de agosto, el cual refiere que la ASE presentó una demanda ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que se registró como el expediente 167/2017.

Antes de la suspensión del juicio de amparo 943/2017, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) notificó al panista que ejecutaría el embargo de sus bienes para cubrir la sanción económica impuesta por el Congreso del Estado,  pero Rivera Pérez anunció que su equipo jurídico estudia cuál sería la  estrategia legal a emprender para frenar el decomiso.


Investigación de daño patrimonial en Cholula por 600 millones de pesos
Viernes, 10 Marzo 2017 | Por Rodolfo Herrera Charolet.

2017 600 millonesConfirmado por el propio presidente municipal, José Juan Espinosa Torres, la Auditoría Superior del Estado le informó la observación y posible daño patrimonial por 600 millones de pesos, en observación a su cuenta pública de 2015, aún cuando afirma que en ese año su recaudación llegó a 430 millones.

Afirmando una persecución en su contra, Espinosa Torres, afirmó que es investigado por cometer un daño patrimonial de 600 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015 de su administración. Así lo reveló el propio alcalde en la entrevista que otorgó a Imagen Televisión.

El alcalde —quien recientemente se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— dijo que la Auditoría Superior del Estado le informó el monto de las irregularidades detectadas, pero aseguró que la cifra es por un monto menor, en virtud de que únicamente ejerció 430 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que al alcalde le observan el 100 por ciento de su cuenta pública, lo mismo le pasó en el 2014. Después de exigir la aprobación, dicho ejercicio fiscal fue aprobado en marzo de 2016, por acuerdo del dirigente nacional del partido al que pertenecía, Movimiento Ciudadano, con el entonces gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas. Dicho acuerdo, según consistió, en una negociación para que en el proceso electoral no se lanzara como candidato al gobierno del Estado en contra del actual gobernador Tony Gali.

Hoy, José Juan Espinosa mantiene una guerra contra el gobierno del estado en contra de la privatización del servicio del agua, ley que aprobó siendo diputado local y esto mientras lucha para evitar que el H. Congreso del Estado de Puebla inicie un Procedimiento de Determinación de Responsabilidades en su contra.

En tanto, el gobierno de Tony Gali ha iniciado una campaña para desacreditar los dichos de José Juan Espinosa, en la que garantizan que el agua no será privatizada.

En total desprestigio, tras revelarse irregularidades graves en el ejercicio público que se han ventilado en los medios de comunicación, el alcalde de San Pedro Cholula acusa que las observaciones de su cuenta pública son un garrote político por su postura en contra de la privatización del agua que él mismo aprobó cuando era diputado local en diciembre de 2012.

Hay una campaña en nuestra contra emprendida por el gobierno del estado con complicidad de la Auditoria Superior del Estado. El día 13 de febrero presentamos la controversia constitucional y el 24 de febrero recibimos un pliego de observaciones por más de 630 millones de pesos, cantidad muy por encima de los recursos totales que administramos en 2015".

Incluso en febrero de este año dijo ante la prensa que esperaba incluso que lo quisieran meter a la cárcel, y a manera de prever lo que puede suceder por la situación de su ejercicio fiscal, dijo que su sucede sería porque quieren callar su "pelea contra la privatización".

El monto denunciado por Espinosa Torres es superior a lo etiquetado en el ejercicio fiscal 2015 para San Pedro Cholula, pues de acuerdo a su Ley de Egresos se presupuestaron 283 millones 496 millones de pesos; aunque al final ejercieron poco más de 430 millones.

Fuentes del Congreso Local revelaron que la Comisión Inspectora aún no ha revisado el dictamen al que hace referencia el presidente cholulteca.

Una vez que la ASE entregue al Poder Legislativo el documento, los diputados locales estarán en posibilidades de dictaminar si es necesario iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades.



·         Feminicidio

Temas inmobiliarios:

Alejandro Jalil García Monreal Afirmó que el peculado y el ejercicio indebido del poder, trastoca el interés social al no ser gobernadas por individuos de probada honorabilidad, convirtiéndose en el azote de los puebloa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario