miércoles, 5 de abril de 2017

Orden de aprehensión contra Ana Tere por falsificación

La ex PANista y ex candidata independiente al cargo de gobernador de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco, publicó en su cuenta de mensajería de WhatsApp, que el día de ayer por la tarde-noche, agentes ministeriales intentaron detenerla, luego de que se librara una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con una conversación a través de la aplicación de mensajería  reveló que habría una orden de aprehensión en su contra y otras diez personas cercanas a ella, entre amigos y colaboradores, como Miguel Ángel Mantilla Martínez y el ex diputado local, Juan Francisco Menéndez Priante, Pedro Barojas.

Durante horas estuvieron ayer 3 camionetas de ministeriales afuera de mi casa. Parece que hay una orden de aprehensión en mi contra y en contra de 10 de mis amigos y colaboradores más cercanos (sic)”, se leía en un mensaje enviado a las 12:56 horas de este miércoles.
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La ex abanderada independiente envió y alertó a sus más cercanos colaboradores de la orden de aprehensión, que supuestamente los involucra a fin de que se mantuvieran alerta, mientras se promueven los juicios de amparo. Lo que provocó que los presumiblemente denunciados se mantuvieran en el interior de sus domicilios a fin de dar tiempo a los abogados de litigar su asunto.

En abril del año pasado, antes del inicio del proceso electoral, Aranda Orozco –en ese entonces aspirante a abanderada independiente– fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la supuesta falsificación de firmas de apoyo ciudadano para conseguir su candidatura. Ello, luego de que cuatro ciudadanos de Acajete presentaran una denuncia por falsificación de firmas, aunque no acudieron posteriormente a la Fiscalía General del Estado a ratificar o validar la demanda. Finalmente la denuncia fue interpuesta por Jacinto Herrera Serallonga, presidente consejero del IEE, y Julio César Barreto, subdirector jurídico del mismo órgano electoral, en las oficinas de la Fepade, derivado de un cotejo realizado en los domicilios de los firmantes.


Demandan a FGE informe sobre orden de búsqueda y aprehensión
Colaboradores cercanos a Ana Teresa Aranda Orozco demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) informar formalmente si existe una orden de búsqueda y aprehensión en contra de la ex candidata independiente y una decena de sus colaboradores.

Hilario Gallegos, del PAN, reconoció que suponen que las posibles órdenes de aprehensión fueron giradas por el presunto delito de falsificación de documentos oficiales, utilizados presuntamente por Aranda Orozco para conseguir su registro como candidata independiente en el proceso electoral del año pasado, en cuya lista se incluyen a Miguel Mantilla, Guillermina Orvano, Francisco Javier Torres, Juan Francisco Méndez Priante y Pedro Barojas.

Juicio de amparo promovidos contra actos de la FEPADE
De acuerdo al sistema de información del Consejo de la Judifactura del Poder Judicial de la Federación. el quejoso del expediente 382/2017 que promueve Guilelrmo Raul González Hernández y Otros, le fue negada la suspensión provisional por los actos reclamados, no así por la presunta orden de búsqueda y aprehensión girada en su contra, como se puede apreciar en el resolutivo del incidente de suspensión:
Núm. de Expediente: 382/2017 Fecha del Auto: 04/04/2017 Fecha de publicación: 05/04/2017 Síntesis: En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 382/2017, promovido por ***, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA CINCO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: Las órdenes de: Detención, Orden de afectar mi Libertad y Seguridad, Localización, Presentación, Búsqueda y Aprehensión, Por lo que respecta a los incisos a), b), c), d), e), y f), en virtud de que por el momento no se tienen datos precisos de la naturaleza del delito atribuido al quejoso, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE en favor del quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de las citadas órdenes, y hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se les debe o no conceder la suspensión definitiva, siempre y cuando se trate de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa. Estima procedente fijar a la parte quejosa, las medidas de efectividad siguientes: Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone: "Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida"; se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable para el efecto de que rinda su declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. Deberá de otorgar caución, a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos), en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, que podrán presentar en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrán de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo sus efectos la suspensión provisional, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 382/2017, formado con la demanda promovida por ***, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que les sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tenga relación con la causa seguida en su contra. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se les estima como probables responsables da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, conforme al sistema penal acusatorio vigente, o si la orden de aprehensión aquí reclamada hubiese sido librada conforme al anterior sistema penal por un delito considerado como grave conforme a la legislación penal aplicable al caso, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que respecta a las omisiones de cumplir con la obligación de respetar, proteger, garantizar, promover los principios y garantías, principio de presunción de inocencia, informar derechos dentro de la fase de averiguación previa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, dada su propia naturaleza, SE NIEGA la suspensión provisional, respecto de los actos reclamados, toda vez que se hacen consistir en una abstención u omisión, por parte de la responsable en la realización de dichos actos, en contra de los que resulta improcedente conceder la medida cautelar, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requiere de ejecución material alguna. Respecto del acto consistente en la negativa de acceso al quejoso de la averiguación previa toda vez que los mismos se traducen en la negativa de la autoridad responsable a efecto de cumplir el principio de contrariedad, dada su propia naturaleza, SE NIEGA la suspensión provisional, toda vez que la suspensión no puede tener el efecto de ordenarle que acceda a la petición del quejoso, pues sería darle efectos resolutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal y por ende resulta improcedente. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndole que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, además de que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *** en virtud de que no tienen registrada cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la invocada ley de la materia abrogada por disposición expresa de su artículo 2°, expídase copia certificada del presente proveído, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia.

Núm. de Expediente: 382/2017 Fecha del Auto: 04/04/2017 Fecha de publicación: 05/04/2017 Síntesis: Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y otra autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 382/2017. Por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión. Dése a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecisiete. Se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecisiete. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o al número de fax 01 222 303 72 00 extensión 1856, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecisiete. Por otra parte, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso d) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al agente del Ministerio Público responsable, para que en caso de manifestar que el acto reclamado es cierto, en auxilio de este Juzgado y con apoyo en el precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, ordene a quien corresponda emplace a la parte indiciada en su último domicilio que tenga señalado en la averiguación previa generadora del acto reclamado, entregándole copia simple de la demanda de amparo y corriéndole traslado con copia autorizada del presente proveído, a fin de que se le haga saber el derecho que tiene de apersonarse a juicio y haga valer lo que a su interés convenga; en el entendido de que deberá obtener las copias de las que se le envían; asimismo, le requiera para que en el término de tres días a partir de que sea notificado señale domicilio en esta ciudad o en Puebla Capital, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor; pudiendo adjuntar las constancias de emplazamiento respectivas a su informe con justificación. Por ello, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a la autoridad responsable para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial respectivo a efecto de que lleve a cabo las diligencias encomendadas, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, máxime que el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, y por ende, se deben privilegiar los principios de justicia pronta y expedita. En la inteligencia de que los emplazamientos deberán realizarse no obstante que haya transcurrido el señalamiento de la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, además de que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *** en virtud de que no tienen registrada cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la federación. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia.


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