miércoles, 2 de marzo de 2016

Un fideicomiso Morenovallista bajo la lupa del Senado


En el tema del manejo de recursos, pidió al mandatario poblano hacer pública la información referente al fideicomiso que contrató a la empresa Evercore, de Pedro Aspe, para administrar la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), incluido el patrimonio actual del fideicomiso y los contratos celebrados por el fiduciario con cargo al mismo.

El debate de ambos temas se alargó por más de dos horas por la defensa que emprendió el senador del PAN Javier Lozano Alarcón a favor del gobierno morenovallista, la cual fue rebatida por los legisladores Manuel Bartlett Díaz, del PT; Luis Miguel Barbosa Huerta, del PRD, y Martha Angélica Tagle Martínez, quienes demandaron transparencia.

Tanto el robo de hidrocarburos a Pemex como el fideicomiso contratado a Evercore fueron dos de los temas que más rehuyeron los integrantes del gabinete estatal durante su comparecencia ante el Congreso del estado en febrero pasado, por ser dos de los mayores escándalos del sexenio.

Ambos asuntos se discutieron en el Senado de la República en la sesión ordinaria de ayer por los puntos de acuerdo que presentaron, por un lado, las senadoras Martha Angélica Tagle y María de los Dolores Padierna Luna, y por el otro, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte en el Senado, Martha Tagle y Dolores Padierna denunciaron que Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto del ISN como garantía para el pago de los PPS, pero alertaron que bien podrían utilizarse para “cualquier otra cosa” dado los “multiusos de ese fideicomiso” que manejará 22 mil 540 millones de pesos.

Acusaron que el gobierno de Moreno Valle ha sido “muy sigiloso respecto a este tipo de proyectos” y entre sus estrategias mencionaron “mantener la información bajo reserva” y hacer reformas a las leyes estatales “para protegerse”.

Evidenciaron que el gobierno modificó el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del estado, estableciendo que “no constituyen deuda pública los contratos de proyectos para prestación de servicios (…) No obstante en los hechos estos mecanismos constituyen deuda pública en tanto comprometen ingresos del estado”.

“Si bien el jefe de oficina del gobernador del estado de Puebla, Roberto Moya Clemente, quien a la vez fuera secretario de Finanzas de la entidad, explicó en días pasados la supuesta razón del fideicomiso y el hecho de que éste servirá para dar certidumbre jurídica a los bancos, por el pago de los PPS; resulta urgente transparentar todos los detalles de este esquema”, enfatizó Tagle.

Destacó que al ser recursos públicos estos no pueden quedar “en un ámbito discrecional y de opacidad al hacer uso de artilugios legales que buscan beneficiar y saciar intereses privados”.

Transparencia en duda
La falta de transparencia pública en el manejo de los recursos públicos erosiona la confianza ciudadana, afirmó el presidente de Foro Ciudadano (Foro Libre) Rodolfo Herrera Charolet, quien dijo que esta doble moral sobre asuntos públicos hace pensar que la corrupción es algo tan cotidiano y natural inherente al ejercicio público. Tras asegurar que ha denunciado actos que a su juicio constituyen peculado y que fue solapado por representantes partidistas, regidores y otras autoridades. Sin embargo el escándalo y amparos contra el Impuesto Sobre Nóminas en Puebla, así como su relación con un fideicomiso que oculta deuda pública, como Evercore en Puebla, no es un asunto menor y podría constituir una abuso en el ejercicio del poder.

Las componendas e intereses particulares en el ejercicio del poder, se ven fortalecidas por esa doble moral, en donde los financieros que exigen transparencia para las inversiones, luego ofrecen mecanismos para burlarla, quienes además, son pagados por autoridades, que tienen un doble racero entre sus dichos y hechos en rendición de cuentas.

En el discurso el Gobierno Estatal y los municipales, ofrecen un discurso de transparencia y al mismo tiempo realizan operaciones fraudulentas o aprovechan los mecanismos que les permitan allegarse recursos en forma ilegal o con dudosos mecanismos de control, así como la conducta discrecional en el ejercicio del gasto público.


Antecedentes
Creado con la finalidad de “coadyuvar a mejorar el desarrollo económico del estado”, según su decreto de creación, el Fondo para el desarrollo comercial, industrial y de servicios, mejor conocido como el Fideicomiso del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) presenta más sombras y recovecos que transparencia en su manejo.
 La página web habilitada por el gobierno estatal carece de informes sobre su aplicación, y si se logró que los dos voceros oficiales: Juan José Rodríguez Posada, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Gerardo María Pérez Salazar, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), hicieran público los proyectos financiados con los 612 millones de pesos que se tiene considerado recaudar fue gracias a la insistencia de diferentes medios de comunicación.

Hasta hace unos meses lo que privaba sobre el manejo de los recursos públicos que se obtienen de la carga impositiva que en este año pasó del 1 al 2 por ciento, era la total opacidad, aunque de acuerdo con los propios empresarios se trata de un mecanismo que aún está en proceso de maduración al que habrá que ir puliendo los próximos cuatro años que por ley tiene de vida.

¿Un mecanismo de control?

 Algunas voces periodisticas han señalado que la transferencia en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos que genera el mencionado gravamen a la iniciativa privada, fue en realidad un mecanismo mediante el cual el gobierno del estado trató de congraciarse con los empresarios, luego del cambio de fuerzas políticas provocado por la publicación de una plática entre el gobernador Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif en las que presuntamente confabularan en contra de la periodista Lydia Cacho.

Ese 14 de febrero, que el gobierno estatal no ha podido dejar atrás, permitió que la cúpula empresarial, enfrentada con el mandatario desde que éste ocupara la presidencia municipal de la capital del estado, se erigiera como uno de los portavoces del descontento de la población.

Sociedad en Movimiento, una organización no gubernamental que parte de la estructura del sindicato patronal, recopiló 30 mil firmas solicitando la remoción de Mario Marín y anunciando una “huelga de confianza”, en repudio por la presunta protección a un empresario que fue vinculado por la periodista con una red de pederestas, cuya cabeza más visible es hasta el momento el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri a quien se le sigue un proceso en la ciudad de Cancún por el presunto ilícito.

Las firmas fueron entregadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como elemento probatorio del descontento social que aún espera respuestas.

Además el discurso de los dirigentes de la cúpula empresarial en aquellos momentos alcanzó niveles vistos muy pocas veces, tal vez sólo durante la huelga empresarial protagonizada por el entonces presidente de la Coparmex, Gerardo Pellico, en 1979, y respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial, entonces dirigido por Eduardo García Suárez.

De hecho, fue el mismo García Suárez quien el 13 de marzo se presentó ante la Cámara de Diputados para presentar una demanda de juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres, y señalando en aquella ocasión que si no se separaba del cargo de manera voluntaria realizarían un paro comercial en todo el estado.

Entre los hombres de negocios que firmaron aquella solicitud se encontraban el textilero Ricardo Villa Escalera, el empresario en lubricantes, Carlos Lois Llorens.

Luis Mora Velasco, la voz crítica del empresariado en una de sus primeras apariciones como dirigente del sindicato patronal, exigió al político oriundo de Nativitas una disculpa pública: “Consideramos que es lo menos, ¿no?, una disculpa pública y la forma y el tono de la disculpa serían muy importantes, porque en estos momentos la sociedad sí está enojada”.

Y si bien el discurso de la Coparmex no ha cambiado, sí se ha suavizado. Mientras que otros líderes empresariales e integrantes del Consejo para el Desarrollo Industial Comercial y de Servicios (CDICS) han transformaron la confrontación por la complicidad, como es el caso de Rogelio Sierra Michelena, ex presidente del sindicato patronal,  y vicepresidente a nivel nacional, quien no sólo avaló la realización de un acto televisivo pagado con recursos públicos, incluso acompañó a Margarita García de Marín, la esposa del mandatario estatal, durante la realización del acto.

Coparmex rechaza

El presidente estatal de la Coparmex, Luis Mora Velasco, rechaza las versiones al asegurar que si bien el decreto de creación del fideicomiso del ISN fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 7 de abril de 2006, la creación de éste y la conformación del consejo que habría de administrarlo fue pactada desde finales de 2005, cuando aún no estallaba el “audioescándalo” que aún espera ser calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y en eso tiene razón el líder del sindicato patronal, el decreto de creación del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios del Estado de Puebla, nombre oficial del organismo o CDICS, como se le conoce públicamente, fue publicado en el Periódico Oficial el viernes 25 de noviembre de 2005.

En el documento al consejo se le ubica como “una instancia de análisis y opinión respecto de la viabilidad técnica y financiera de los programas, proyectos y/o acciones tendientes a fortalecer el sector económico del estado”.

Aunque el fortalecimiento del sector económico aún espera un mejor momento, pues del fideicomiso se han extraído recursos para programas que, o no han cumplido con el propósito para el que fue creado, como los 21 millones pesos que entre el gobierno estatal y el CDICS destinaron para la realización de los premios ¡Oye!, o se han destinado a rubros oscuros como la creación de un fondo de capital de riesgo para el gobierno estatal por 80 millones de pesos.

O como los 9 millones que se destinaron para el “Impulso a la Industria Cinematográfica de Animación”, que hasta el momento no han sido aclarados por los responsables a pesar de que se les ha pedido reiteradamente.


Opacidad, la única constante
Lo que priva es la opacidad en el manejo del fideicomiso del ISN. La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) necesitó de casi dos meses para concluir ante una petición ciudadana de información sobre los mecanismos y los lineamientos que se siguieron para destinar el monto de recursos señalados a la realización de un acto televisivo con cargo al erario, que por tratarse de un organismo ciudadanizado la Ley de Transparencia no lo considera sujeto obligado.

El dirigente del CCE reconoció la necesidad de transparentar su manejo y se ofreció a detallar la información que se presentó a los medios de comunicación el pasado 30 de agosto, en el cual se participó de los 28 proyectos que avaló el CDICS, pocos vinculados directamente con el desarrollo económico planteado originalmente por la SFA.

Como ejemplo, un proyecto para detonar el centro histórico de la capital poblana, que le fue planteado a finales del año pasado Sierra Michelena, entonces presidente del sindicato patronal, en aquel momento una de las voces opositoras a la administración marinista y hoy uno de sus aliados, como lo confirman sus reiteradas declaraciones a favor del mandatario estatal.

Todo quedó en el aire. Lo mismo la “Modernización tecnológica de las oficinas del Poder Judicial del estado”, que el “Fideicomiso para la construcción de invernaderos” o el “Catálogo general de la oferta de productos poblanos”, que no se han concretado.

Tampoco se han llevado a cabo los programas de Cooperación Internacional para la Capacitación en Diseño y Técnicas de Manufactura Artesanal de Calidad de Exportación o el Programa de Apoyo a la Minería con Orientación Social, programas todos ellos contenidos en el “Propuestas de proyectos para invertir los recursos adicionales provenientes del aumento en la tasa del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal” que la SFA presentó en 2005 para justificar el aumento al ISN, como informó en días pasados el portal e-consulta.

En la lista de propuestas se encontraba la construcción de un “germinario tecnológico”, del “centro de negocios Puebla”, así como la edificación del “Complejo Cultural Palafoxiano”; nada de esto se tiene considerado.

La estructura
El consejo lo integran por parte de la iniciativa privada los líderes de las principales cámaras: Juan José Rodríguez Posada, propietario, y Carlos Solana Pumarino, suplente; Rogelio Sierra Michelena, propietario, y Herberto Rodríguez Regordosa, suplente; Yraclis Psihas Valdés, propietario; Javier Sánchez Carpinteiro, propietario y Antonio Garay, suplente; Carlos Gómez Rosales, propietario; Gabriel Huerta Ortega, suplente; Julio Barberán Fons, propietario, y José Gustavo Rosales Bretón, suplente; Ángel Fernández Carvajal, propietario; Alfonso Fernández Santiago, suplente; Armando Adame Sosa, propietario, y Juan Caballero Ropero, suplente.

Por parte del gobierno del estado, participan Mario Marín Torres, el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el secretario de Desarrollo Económico, Gerardo Fernández; el secretario del Trabajo y Competitividad, Antonio López Malo, y el secretario de Turismo, Juan José Bretón Ávalos.



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