jueves, 9 de julio de 2015

Prensa

Debe derogarse sanciones que atentan contra la libertad de expresión
2015 0709 | El Congreso del Estado de Puebla está incluido entre los congresos estatales a los cuales Artículo 19 exigió derogar los delitos de halconeo previstos en las legislaciones penales, por considerar que vulneran los derechos a la libertad de expresión y derecho a la información.

Mediante un comunicado, la organización informó que el pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán, que establecía el delito de halconeo, sancionando con pena de prisión de 4 a 12 años y multa de 100 a 600 días de salario mínimo a cualquier persona que obtuviera o proporcionara información sobre actividades de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad pública.

En la sesión de la SCJN, los ministros consideraron que este tipo de delitos son inconstitucionales, toda vez que vulneran los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, particularmente afectan la labor periodística.

“La resolución de la SCJN representa un paso importante en materia de libertad de expresión y acceso a la información en México, y se suma a otros asuntos que también ha resuelto, como en el caso de Chiapas, declarando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los delitos de halconeo por criminalizar e inhibir el ejercicio de esos derechos”, señala el posicionamiento de la organización.

Artículo 19 recordó que el delito de halconeo está vigente en 19 estados de la República, incluido Puebla, además de la existencia de una iniciativa a nivel federal, presentada en 2014 por el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

En el caso de Puebla, la organización detalló que en el Artículo 186 Octies, del Código Penal, se encuentra establecido que “a quien, con la intención de obstruir el desempeño legítimo de las instituciones de seguridad pública o de encubrir o facilitar un delito, aceche, vigile o realice actos tendentes a obtener información sobre la ubicación o actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, que realicen operativos, labores de seguridad pública, persecución, sanción de delitos o de ejecución de penas […] Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo”.

Artículo 19 refirió que con este tipo de normas se busca inhibir de manera amplia la obtención de información y escrutinio público sobre las fuerzas de seguridad; siendo el derecho de acceso a la información, en relación con la libertad de expresión, esenciales en todo sistema democrático.

Además, es importante referir que en la recién aprobada Ley General de Transparencia se reconoce como principio en su artículo 5 que “ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos”, estableciendo que toda disposición contraria a esta ley debe ser derogada.

El llamado de Artículo 19 se dirigió a los congresos de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como al Senado de la República.

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