viernes, 26 de junio de 2015

Municipios

Diputados en minoría se oponen a reformas de servicios públicos municipales
2015 0626 | Dirigentes y regidores del PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT) acusaron que la reforma panista que pretende ceder al gobierno del estado el control sobre los servicios municipales es inconstitucional porque haría a un lado a los cabildos en la toma de decisiones, para hacer negocio con la prestación de servicios, privatizándolos.
La dirigencia estatal de MC adelantó un voto en contra de la iniciativa, mientras los concejales priistas y petistas de los municipios de Puebla y Cuautlancingo hicieron un llamado a todos los diputados a desechar la propuesta por ser ilegal y retrógrada.

En caso de que el PAN haga uso de su mayoría en el Congreso para imponer la reforma, los representantes de las tres fuerzas políticas de oposición en el estado advirtieron que iniciarán una campaña en el interior de sus partidos a nivel local y nacional para echarla abajo mediante los tribunales federales. El proyecto se encuentra en el Poder Legislativo del estado desde el 3 de junio pasado, listo para ser revisado por los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Metropolitanos.

La iniciativa la presentó el coordinador de la bancada albiazul y ex integrante del gabinete estatal Jorge Aguilar Chedraui, y sus compañeros de fracción, Pablo Rodríguez Regordosa y Neftalí Salvador Escobedo Zoletto.

La reforma propone modificar el artículo 104 de la Constitución del estado para que el Congreso de Puebla, y no los cabildos, sean los que autoricen a la administración estatal asumir directamente la prestación de los servicios públicos municipales, a solicitud de los ayuntamientos que integren una zona conurbada o metropolitana. Los servicios que podrían pasar al control del estado son los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro, y calles, parques y jardines y su equipamiento

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, el coordinador de los regidores priistas de Puebla, Iván Galindo Castillejos, y el regidor del PT en Cuautlancingo, Rafael Ramírez Hernández, coincidieron en entrevistas por separado que la reforma busca continuar con la privatización de los servicios públicos en Puebla, iniciada en 2013 por la administración morenovallista con el manejo del agua potable en la capital y la zona conurbada.

Los tres políticos identificaron la intención de favorecer a particulares en un apartado de la iniciativa donde se señala que la intervención del gobierno estatal en la prestación de los servicios municipales tomará en cuenta “la participación de los sectores social y privado”.

“El fondo del asunto es permitir abiertamente la participación de particulares en la prestación de servicios públicos de los municipios, pero controlada ahora por el gobierno estatal, no por los municipios, lo cual es verdaderamente alarmante”, expresó Iván Galindo.

El coordinador de los regidores priistas de la capital explicó que la administración morenovallista pretende imponer sus proyectos modificando la Constitución, para obligar a los municipios a someterse a las decisiones de los diputados, pues la reforma propone que la entrega de los servicios municipales al estado sea autorizada, modificada y extinguida únicamente por el Legislativo.

Galindo consideró la injerencia del Congreso “una verdadera burla”, pues ese poder del Estado es manipulado por el gobernador en turno. Y agregó: “la administración estatal sabe que no puede controlar a todos los ayuntamientos, y por ello intenta dejar la responsabilidad al Congreso, que actúa como oficialía de partes del mandatario”.

Para el regidor petista de Cuautlancingo, Rafael Ramírez, la iniciativa tiene el único propósito de facilitarle el camino al gobierno de Rafael Moreno Valle para “hacer negocios”.

Ante la mayoría que el PAN goza en el Congreso gracias a su alianza con el PRD, Panal, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, Pérez García reconoció que es posible que la reforma propuesta sea aprobada, pero alertó que los municipios pueden solicitar la protección del Poder Judicial federal para impedir su aplicación.

Antecedentes:
Luego de que el ayuntamiento de San Pedro Cholula echara abajo la privatización del servicio de agua potable, la bancada panista propuso “candados” para que los ayuntamientos de las zonas conurbadas cancelen de los contratos, para ello se presentó la iniciativa de Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en el artículo 104.

El documento, que puede consultarse en la el apartado legislación en línea, referente a las iniciativas, indica:
“Ante la presencia cada vez más notoria de conurbaciones, los ayuntamientos implicados en un fenómeno de conurbación, experimentan la necesidad de hacer uso de mecanismos comunes no solo para llevar a cabo un orden organizacional, sino en todo momento, para dar certeza a los ciudadanos que resultan actores y destinatarios de las acciones de las autoridades. En este sentido, la presente reforma busca fortalecer los mecanismos constitucionales descritos, con la pretensión de otorgar firmeza a los marcos o estructuras que acuerden los ayuntamientos para la obtención de un desarrollo urbano, ecológico y social de los participantes de una zona conurbada”.

La adición a los artículos indica que los municipios de zonas conurbadas o metropolitanas o que tiendan a formarlas también podrán expedir programas comunes, conjuntamente con el gobierno del estado, con el objetivo de regular de manera coordinada la conurbación y alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de tales áreas metropolitanas, así como establecer las bases para la prestación de los servicios y funciones metropolitanas.

Dichos programas comunes que en materia de zonas conurbadas o metropolitanas establezcan los municipios deberán ser aprobados por los ayuntamientos involucrados, por el gobierno del estado a través de la dependencia competente y al menos dos terceras partes del Congreso del estado.

La privatización
En los “candados” que se aplican y que permitirán la privatización se encuentra:

“El Congreso del Estado mediante decreto, autorizará que el gobierno del estado a solicitud de los ayuntamientos de los municipios que integran una zona metropolitana o conurbada asuma directamente la prestación de los servicios públicos municipales , o bien se prestes, o ejerzan coordinadamente y de forma integral entre el gobierno del estado, municipios a través de organismos públicos creados al efecto, previéndose la participación de los sectores social y privados en términosde la legislación aplicables”.
La actual ley
La constitución actual señala lo siguiente.
“Artículo 104.- los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
”a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
”b) alumbrado público.
”c) limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos;
”d) mercados y centrales de abasto.
”e) panteones.
”f) rastro.
”g) calles, parques y jardines y su equipamiento; y
”h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.
”Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
”I. El congreso del estado, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los municipios, podrá encomendar a estos la prestación de otros servicios públicos distintos a los antes enumerados, cuando a juicio del propio congreso tengan aquella capacidad administrativa y financiera.
”II. Los municipios del estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.
Tratándose de asociaciones con municipios que pertenezcan a otra u otras entidades federativas, estos deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas.
Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento, sea necesario, podrá celebrar convenios con el estado para que este, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio; y
”III. Los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de los servicios y funciones a que se refiere este artículo, con excepción del establecido en el inciso h), previo acuerdo de sus integrantes y observando las disposiciones que al efecto se emitan”.
El candado
En el último párrafo de la iniciativa panista se establece el “candado” para que los ayuntamientos
no puedan romper los acuerdos.
“Para la aprobación, modificación o extinción del decreto o los convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se requerirá el voto de al menos dos terceras partes del Congreso del Estado, servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.
Tratándose de asociaciones con municipios que pertenezcan a otra u otras entidades federativas, estos deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas.
Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento, sea necesario, podrá celebrar convenios con el estado para que este, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio; y
”III. Los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de los ser vicios y funciones a que se refiere este artículo, con excepción del establecido en el inciso h), previo acuerdo de sus integrantes y observando las disposiciones que al efecto se emitan”.


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