miércoles, 1 de abril de 2015

Frenan actividad minera

Pobladores de Ixtacamaxtitlán y Cuetzalan, en Puebla, así como Zacualpan, en Colima, interpusieron tres amparos contra el gobierno federal por la Ley Minera y las concesiones mineras que entregó a diversas empresas, sobretodo canadienses, ya que contraviene sus derechos a la tierra y al agua, así como a ser consultados como pueblos indígenas sobre ese tipo de proyectos.

Mientras se resuelve el proceso judicial, los jueces de distrito ordenaron que se suspenda cualquier actividad de explotación o exploración minera en dichos municipios.

Nazario Diego de Cuetzalan, Nicéforo Lobato de Ixtacamaxtitlán y Olivia Teodoro de Zacualpan, denunciaron en una conferencia de prensa, en el Centro de Comunicación Social (Cencos) de la ciudad de México, que el gobierno federal y el Congreso de la Unión violaron sus derechos humanos al aprobar la Ley Minera, así como por otorgar concesiones a empresas sin autorización de las comunidades.


Esta situación contravendría no sólo a la Constitución Mexicana, sino también a tratados internacionales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta de los pueblos originarios.

De acuerdo con el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen que ser consultados de manera previa a la ejecución de los proyectos y que estos sean avalados a través de una consulta pública informada y en lengua indígena.

Los habitantes de las poblaciones, en su mayoría indígenas, estuvieron acompañados también por Javier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), e Itzel Silva, de Fundar.

Ordenan suspensión de actividad minera

Los amparos contra la minería en México se interpusieron el 17 de marzo por los habitantes de Cuetzalan, el 24 de marzo por los de Zacualpan y el 7 de abril por los de Ixtacamaxtitlán. Todos los procesos fueron colectivos a través de asambleas comunitarias.

Para Durán, el hecho de que el Poder Judicial haya aceptado los tres amparos es un hecho histórico, además de que se ordenó la suspensión de cualquier actividad de exploración o explotación en las zonas en lo que se resuelven los procesos.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ya fue notificado de la decisión de los diferentes juzgados y hay un plazo de tres días hábiles para que la dependencia informe a las empresas sobre la suspensión de las actividades, debido a que son las terceras partes afectadas.

En ese sentido, las compañías Minera Gavilán y la canadiense Almaden Minerals tendrán que suspender toda actividad en Ixtacamaxtitlán, donde hay un proyecto que involucra gran parte del municipio; mientras que Minera Autlán tendrá que hacerlo en Cuetzalan.

Los juzgados en que recayeron los amparos son el Segundo de Distrito para el de Cuetzalan y el Cuarto de Distrito para el de Ixtacamaxtitlán, ambos en Puebla, así como el Primero de Distrito para Zacualpan en Colima.

Supremas afectaciones por minería

Leonardo Durán destacó que estos procesos judiciales son de gran relevancia debido a que existe un patrón sistemático y estratégico de violaciones a los derechos humanos por causa de la Ley Minera, ya que dicha industria es la que más despojos y violencia ha causado en América Latina.

Agregó que a estos tres procesos de amparo se suman otros dos: el realizado por el pueblo huichol por el proyecto en el cerro Wirikuta, que es sagrado para dicha comunidad, y el de San Miguel el Progreso, en Malinaltepec, Guerrero.

El representante de la REMA expuso que el principal objetivo de los amparos es evitar que se viva lo que pasó en Carrizalillo, Guerrero, donde el 70 por ciento de población está enferma a causa de la minería y además más de la mitad se desplazaron por los conflictos originados por la explotación de metales por parte de la empresa canadiense Goldcorp.

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