lunes, 16 de junio de 2014

Utilizarán geolocalizador contra evasores

2014-06-12 | Para combatir las operaciones simuladas y los domicilios “fachada” que se utilizan para evadir el pago de los impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza herramientas tecnológicas como la geolocalización y la toma de imágenes a fin de ubicar a los evasores, reconoció el titular de esa dependencia, Aristóteles Núñez.

“Es una estrategia que debemos de reconocer que existe, una estrategia que el servicio de administración tributaria ha venido aplicando y perfeccionando en el tiempo”, que permite al SAT tener “estrategias eficaces para combatir la evasión fiscal”, detalló el funcionario en una entrevista radiofónica.

Núñez explico que el SAT está aprovechando la herramienta tecnológica que permite colocarse en un punto de geolocalización, para conocer perfectamente “en qué punto de las coordenadas del territorio mexicano se encuentra el domicilio que el contribuyente manifestó donde realiza su actividad económica”.

“Y nos interesa efectivamente acreditar que estuvimos en ese domicilio y que ahí no se realiza ninguna actividad” productiva, enfatizó.

Preguntado sobre el fundamento legal que permite al SAT realizar la geolocalización de un contribuyente que presumiblemente evade impuestos, Aristóteles Núñez explicó que “valdría la pena revisar muy bien el articulo 10 y el articulo 69B del Código Fiscal de la Federación (CFF), donde la autoridad, para poder integrar un expediente, tiene la facultad incluso de señalar un domicilio fiscal cuando el contribuyente o no lo ha señalado, o este es inexistente”.

Sin embargo, el artículo 10 del CFF sólo autoriza a la autoridad para “practicar diligencias” que le permitan considerar cuál es el domicilio fiscal del causante, cuando este presumiblemente haya designado un domicilio ficticio, lo que no implica que para ello tenga la facultad de utilizar la geolocalización o georeferenciación, herramientas que pueden considerarse violatorias de la privacidad y los derechos humanos de los ciudadanos.

En ese tenor, Núñez aseguró que la población no debe considerar intimidatorio el uso de esta tecnología, aunque sí se trata de una advertencia para los evasores de impuestos.

“Esto debería resultar intimidatorio para quienes están evadiendo el pago de los impuestos, no para el ciudadano que sí los paga”, enfatizó.

Aristóteles Núñez añadió que la geolocalización está siendo utilizada por el SAT para acreditar, en un expediente que con posterioridad puede presentarse como denuncia ante el Ministerio Público, “que alguien no está cumpliendo con el pago de los impuestos”.

“Y para ellos sí por supuesto es una advertencia clara de que no puede permitir una autoridad que se esté presentando una evasión fiscal de manera descarada o cínica”, concluyó.

Identifican a empresas que utilizan sistema de evasión fiscal
México (Notimex).- Más de 300 empresas en México facturan millonarias operaciones inexistentes, mediante un sofisticado esquema de evasión fiscal, conocido como Operación carrusel, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El administrador general de Auditoría Fiscal Federal de esa dependencia, José Genaro Ernesto Luna Vargas, informó que al 31 de diciembre de 2013 se tenían identificadas a 316 empresas facturadoras de operaciones simuladas, y a unos 12,000 contribuyentes que utilizan este tipo de esquema.

“Hemos descubierto que el monto de todas esas operaciones es de 105 mil millones de pesos”, añadió al precisar que esta cantidad es acumulada durante cinco años, de 2008 a 2012.

Explicó que estos 12,000 contribuyentes utilizan esquemas para disminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR), y para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que en su caso puede ser motivo de una devolución.

Luna Vargas informó que el impacto fiscal de este esquema de evasión, utilizado por empresas formales, en muchos casos creadas con prestanombres, es de 30,000 millones de pesos por concepto de ISR, y alrededor de 16,000 millones de pesos por IVA, también de 2008 a 2012.

Estas cifras, agregó, ponen en contexto la magnitud del problema de la compraventa de facturas, y la proliferación de las operaciones simuladas en perjuicio del erario, un esquema que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y haciéndose cada vez más sofisticado.

Para combatir este tipo de prácticas de evasión fiscal, la autoridad lleva a cabo una fiscalización integral de las operaciones, lo que incluye la publicación de un listado de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que simulan operaciones y que en realidad estas son inexistentes.

El funcionario del SAT explicó que el esquema llamado Operación carrusel consiste en que más de dos empresas -constituidas formalmente- se ponen de acuerdo para diseñar el mecanismo de evasión, a través de la simulación de operaciones.

Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios, y por el otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes.

Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Por ejemplo, una empresa compra seis millones de tabiques, pero cuando la autoridad va al domicilio fiscal de la empresa que facturó lo que encuentra es una casa habitación en ruinas, sin bodegas o transporte para movilizar la supuesta mercancía que vendió.

El SAT ha encontrado hasta 56 niveles detrás de una facturadora, pues para dispersar la operación se pone de acuerdo con otra empresa para simular la transacción, y ésta a su vez transmite el pago de la contraprestación a otra empresa, la cual hace lo mismo con otra, hasta formar una enorme telaraña de complicidades.

“Le llamamos Operación carrusel porque va de una empresa a otra, hasta que al final la última empresa regresa el recurso a la primera empresa o alguno de sus socios”, añadió Luna Vargas.

Precisó que detrás de toda esta red siempre hay una comisión que se paga entre estos negocios que se ponen de acuerdo para llevar a cabo la defraudación, la cual oscila entre el 6 y el 10%.

Además, en el diseño de este tipo de mecanismos de evasión están involucrados despachos de contadores o asesores fiscales, algunos de los cuales ya han sido exhibidos en las listas que publica el SAT en su página electrónica y en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El incentivo de las empresas que llevan a cabo estas prácticas ilegales es disminuir la base gravable del ISR o tener un IVA acreditable, que puede ser -en su caso- motivo de una devolución de impuestos.

El SAT también ha detectado que este esquema es utilizado por empresas que internan mercancía al país de manera ilegal, y que con estas operaciones formalizan o comprueban la supuesta estancia legal de los productos.

Para combatir este esquema, el SAT lleva a cabo una fiscalización integral de las empresas beneficiadas y las que se prestan para realizarlo, a través de identificar las operaciones vía los comprobantes fiscales y los flujos de dinero.

“Entramos por la empresa que deduce las operaciones o que obtiene el beneficio, y con la cadena de empresas mediante las cuales realizan todas estas operaciones”, abundó el funcionario.

Cuando el SAT demuestra que en esta cadena hay una operación simulada, resta los beneficios indebidos y liquida un crédito fiscal, pero si encuentra un delito diferente, por ejemplo, de lavado de dinero, lo turna a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

José Genaro Ernesto Luna Vargas, señaló que como parte de la revisión que hace el SAT de estas operaciones, también fiscaliza a los socios que están detrás de estas empresas, pues “en muchos de estos casos, hay que decirlo, son empresas creadas con prestanombres”.

Refirió que, entre los elementos que pueden indicar que una empresa presuntamente está involucrada en una operación simulada, es que su domicilio fiscal es no localizado o que se ubica en pequeños cuartos de dos por dos metros, en los que operan una gran cantidad de empresas.

“Hemos encontrado hasta 350 empresas en un domicilio muy pequeño, pero que realmente son oficiales virtuales; son empresas que manejan grandes cantidades de operaciones en domicilios existentes, pero en zonas marginadas de las ciudades”, detalló.





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