viernes, 28 de junio de 2002

Charolet denuncia irregularidades de presidentes municipales


Jornada de Oriente
publicación para Puebla y Tlaxcala México
  • Denuncian PRI y PCD que todo está "arreglado", no valdrá la opinión de la gente.

  • El Congreso no reconocerá la consulta que harán los gobiernos de Puebla y San Andrés.
Fermín Alejandro García

Los dos representantes del Poder Legislativo, Joaquín Maldonado Ibargüen y Rodolfo Herrera Charolet, que participan en la Comisión Especial (CE) que creó el Congreso para solucionar el conflicto limítrofe ente Puebla y San Andrés Cholula advirtieron que no avalarán la consulta que los gobiernos de ambos municipios realizarán este domingo, ya que no se consensó con la CE la realización de dicho estudio de opinión.


Por su parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Víctor Manuel Giorgana, en entrevista, anunció que no se reconocerá el resultado de la consulta debido a que ésta se usará para convalidar un acuerdo que al parecer ya existe entre los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula, y además, no se tomó en cuenta a la CE para organizar dicho plebiscito.

En general en la fracción del PAN hubo silencio ante los cuestionamientos a la consulta promovida por los gobiernos panistas de Puebla y San Andrés Cholula. El único legislador del albiazul que pasó a hablar a tribuna sobre este tema fue Jesús Encinas, quien entabló un intercambio de calificativos personales con Rodolfo Herrera Charolet y expuso el argumento de que cuando se creó la CE se aceptó que hubiera una consulta entre los habitantes de la franja fronteriza que está en disputa.

Al final de la sesión de ayer del Congreso, Giorgana estableció que no está rechazando la consulta como un método para tomar decisiones, pero la que se hará el próximo 30 de junio se ignora con qué metodología se realizará, cuáles serán los criterios para validar el resultado, por qué únicamente incluye dos preguntas en el cuestionario que se utilizará y por qué se invitará a los rectores de dos universidades -que están asentadas en la zona en conflicto- a que voten, pero su sufragio únicamente contará como el de un ciudadano más.

Tequila y cerveza "indio"
En asuntos generales de la sesión del Congreso, el diputado del PCD pasó a tribuna a fustigar al alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, al indicar que el edil, violando la Constitución, ya está cediendo parte del territorio del municipio de la capital, pues todo indica que la consulta del domingo está arreglada para que la gane San Andrés Cholula. Recordó que el Poder Legislativo es el único facultado para cambiar los límites territoriales entre dos municipios, y Paredes no tomó en cuenta a la CE del Congreso para hacer el plebiscito.

Herrera estableció que no se validará la consulta porque se acordó en lo "oscurito", aunque después rectificó, "no fue en lo oscurito", fue en medio de un brindis entre "tequilas y cerveza Indio", dijo en referencia a una foto que se publicó en un diario local en donde se ve brindando a Luis Paredes con el edil de San Andrés Cholula, Guillermo Paisano.

En tono de burla, dijo que a ese paso el edil de Puebla va acabar haciendo una consulta para preguntar a la gente si no quiere pertenecer a California, Estados Unidos, o cualquier otro territorio de México o el extranjero, ya que no respeta las leyes vigentes.Desde su curul, el coordinador de la fracción del PAN, Ángel Alonso Díaz Caneja, agitaba las manos en signo de desprecio de lo que decía Rodolfo Herrera Charolet. La misma expresión hizo cuando el panista Jesús Encinas se paró a contestarle a su homólogo del PCD.

Encinas acusó a Herrera de buscar protagonismos "para salir en la prensa". Le dijo que únicamente propone "situaciones penosas para la inteligencia" y lamentó que la tribuna del Congreso se use por "patiños que hacen chistes", cuando debe servir para tomar grandes decisiones y no discutir trivialidades.

Herrera volvió a tomar la palabra y le respondió a Encinas que de acuerdo a la Constitución un diputado no puede ser reconvenido por sus ideas. Después volvió al tema de los límites territoriales y señaló que éstos no pueden ser determinados "por el placer o el deseo de un señor", al acusar a Luis Paredes de usar la consulta para determinar las colindancias entre Puebla y San Andrés Cholula sin tomar en cuenta al Congreso.

El priista Joaquín Maldonado, el otro integrante de la CE por parte del Poder Legislativo, asentó que el Congreso se deslinda del resultado de la consulta, ya que se desconoce el procedimiento que se utilizará, y no fue aprobada por la Comisión Especial, en donde había el compromiso de que todos los acuerdos serían aprobados por medio del consenso de las cuatro partes que ahí participan.

Encinas regresó a la tribuna y sostuvo que cuando se creó la CE se acordó que habría una consulta entre los pobladores de la franja territorial que está en disputa. Por tanto, el plebiscito que harán los gobiernos panistas de la Angelópolis y San Andrés Cholula "no violenta nada".

viernes, 21 de junio de 2002

Pide Herrera Charolet amonestación a Luis Paredes




La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México


  • Debatieron el PCD y panistas en el Congreso; por primera vez el albiazul defiende al edil.
  • Pide Herrera al Congreso que amoneste a Luis Paredes.


  • Es un asunto superficial, responde el PAN.


Fermín Alejandro García


Ayer, en asuntos generales de la sesión del Congreso, se generó un debate entre el diputado del PCD, Rodolfo Herrera Charolet, y la bancada del PAN, por el desempeño del alcalde Luis Paredes Moctezuma. El primero pidió a los demás legisladores que apoyen un punto de acuerdo para llamar al edil a que cumpla con la legalidad que está obligado a acatar. Los panistas calificaron al demandante de usar su "comicidad" para hablar de asuntos "superficiales".
En el debate los diputados priistas, perredistas, del PVEM y el PT guardaron silencio, e incluso, por momentos, mostraron divertirse con el intercambio de acusaciones entre Herrera y los panistas, quienes llegaron a usar los insultos, aunque al final de sus participaciones, se daban la mano como para hacer las paces y no crear mayores enconos.Destaca que por primera vez hubo interés de los miembros de la fracción del PAN en defender a Luis Paredes.


En anteriores sesiones el único panista que se paró a hablar a favor del edil poblano fue Jesús Encinas. La semana antepasada, pese a que el priista Carlos Meza calificó a Paredes de "alcalde violador... de la legalidad", y se aprobó un punto de acuerdo que cuestiona las excavaciones que el ayuntamiento de la Angelópolis hizo en el zócalo de la ciudad, hubo silencio de parte de la fracción albiazul.



Circo made in Ángeles
Primero en tomar la palabra en asuntos generales, Rodolfo Herrera pidió a los diputados sumarse a un ocurso para amonestar a Luis Paredes por violar diversos ordenamientos legales. Recordó que en los años 50 se emitió un decreto por el cual se determinó que el nombre oficial de Puebla es "Heroica Puebla de Zaragoza", el cual debe ser utilizado, por ley, en sellos y documentos oficiales.


Entonces mostró un documento en el que el actual ayuntamiento usa papel membreteado con varios colores "que parece del circo de los ángeles", pero no un documento oficial por no portar el escudo. Recomendó que junto a esos colores "se le pongan unos globitos". Cada vez que avanzaba en su intervención, los rostros de los diputados panistas Ángel Alonso Díaz Caneja y Roberto Grajales Espina enrojecían, se endurecían.Después Herrera expuso que otra falta grave de Paredes es haber desconocido el reglamento de Tránsito, al haber eliminado las multas por faltas viales. Una cosa es que se condone una multa y otra que se abrogue una norma, tal como lo hizo el edil, expuso.


En cuanto concluyó Herrera su intervención, el coordinador de los diputados panistas, ángel Alonso Díaz Caneja, pidió la palabra; su rostro denotaba coraje y así lo mostraron sus palabras. Acusó a Herrera Charolet de usar "su comicidad habitual" para tratar asuntos "serios". Recordó que el gobierno del estado, al igual que el ayuntamiento, utiliza slogans en los que no se emplea nombre y el escudo oficial del estado. Por tanto, consideró "superficial" discutir ese asunto.


Luego cuestionó a Herrera, ya que ve los defectos del ayuntamiento de Puebla, pero no los del gobierno municipal de Teziutlán, en donde gobierna el PCD y donde el edil Patrocinio Toledano "ha hecho atrocidades" destituyendo a la mayoría de los regidores. Ahí, denunció, no se procedió contra el edil debido a que "hubo una negociación en lo oscurito" con la Segob.


Díaz Caneja bajó de la tribuna con el mismo rostro enojado, pero al pasar junto a la curul de Herrera Charolet ambos sonrieron y se dieron la mano. Desde las tribunas les chiflaron, los priistas se reían de ese gesto y unos niños de una escuela primaria que estaban de visita se pusieron a aplaudir. Pese al apretón de manos que hubo con el panista, el diputado del PCD volvió a tomar la palabra para ejercer su derecho de contrarréplica.


Expuso: defender el uso del escudo es inculcar el cumplimiento de la ley. De lo contrario, apuntó, el alcalde seguirá creyéndose "un pequeño reyecito que todos los días quiere ganarse las ocho columnas de los periódicos", y que tal vez su próximo proyecto sea el crear "el circo Atayde made in ángeles". Aseguró que en el caso de Teziutlán, él fue el primero en llamar al edil a ceñirse a la legalidad y no hubo negociación en "lo oscurito".


A continuación pasó Roberto Grajales, quien brevemente se refirió al punto de acuerdo que la semana pasada aprobó el Congreso para pedirle al INAH que dictamine si la Comuna de Puebla violó la legalidad que protege el patrimonio histórico con las excavaciones que hizo en el zócalo. Al respecto, dijo, "aquí cada quien debe hacer lo que le toca", y "a nosotros no nos toca hacer eso", es decir, llamar al INAH a que haga su trabajo.


Mientras eso ocurría, Rodolfo Herrera Charolet conversaba animosamente con Ángel Alonso Díaz Caneja. El tercer orador del PAN fue Gloria Marroquín, quien acusó a los que critican a Luis Paredes de estar haciendo "proselitismo" electoral mediante "la censura a un presidente municipal". Hizo un llamado a todos los diputados a deponer esa actitud y mejor "vamos a trabajar".


Al final, en el debate no se llegó a nada. La próxima semana se sabrá sí los diputados del PRI, el PRD, el PT y el PVEM apoyaran el punto de acuerdo que solicitó el legislador del PCD.

miércoles, 5 de junio de 2002

Iniciativa de Charolet sobre acceso a la información pública

  • En cumplimiento del artículo 88 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado Rodolfo Herrera Charolet presentó iniciativa sobre acceso a la información pública bajo el título “Ley Estatal de Información Pública”.
El legislador en la exposición de motivos establece:
El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa…”. El antecedente más inmediato de este ordenamiento es el artículo 37 del decreto de Apatzingan, el cual señalaba el derecho de petición. Sin embargo este derecho consiste en la facultad que tiene el gobernado para poder dirigirse a la autoridad en una solicitud por escrito, en forma pacífica y de manera respetuosa a la que recaerá un acuerdo de la autoridad. Pero el ordenamiento constitucional no obliga a la autoridad en acordar en el sentido deseado por el solicitante.
Entre los derechos individuales el de petición es el más natural y primario, dado su carácter que comporta la formulación de una súplica con vistas de obtener un favor. Existe el doble uso de la petición para fines relacionados con el individuo (garantía individual) o con la vida social (garantía social), de ahí el carácter mixto de su empleo.
Todas las garantías individuales afectan a muchos y todos los afectados pueden exigir su cumplimiento, el derecho de petición al estar consagrado en la constitución existe aún sin su reglamentación, en virtud de que esta sería una manera en el que el legislador secundario derogase de facto los derechos constitucionales. El juicio de amparo es la vía para impugnar la desobediencia del Gobierno a la obligación de informar, cuando realmente la hay y que no obedece al capricho individual.
El derecho a dar información es una reexpresión o manifestación de ideas y pensamientos que ya se encuentra prevista en la Constitución. La información puede pedirla todo individuo, puesto que es el titular de las garantías individuales y debe proporcionarla el estado, quien es el sujeto obligado y debe garantizar que se le de, puesto que es un derecho público, subjetivo, complementario al derecho que tiene como contenido de la libertad de expresión.
El derecho a informar comprende las facultades de difundir e investigar, lo cual vendría a ser la manera de ejercer la libertad de expresión. El derecho a ser informado es la facultad de recibir informaciones o noticias objetivas o subjetivas; las primeras comprenden hechos, datos y noticias, las segundas comprenden opiniones e ideas.
La no existencia de una Ley que permita al gobernado garantizar su derecho a ser informado, es la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien suple el trabajo que debería realizar el legislador ordinario, en virtud de que éste máximo tribunal no puede depender de la voluntad de quien tiene la responsabilidad de reglamentar los ordenamientos constitucionales.
El artículo 8° de la Constitución Federal ordena que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” La libertad no es privilegio de pocos y esclavitud de muchos. El derecho que tiene todo ciudadano a estar informado, no es un mero formulismo mediático, sino que forma parte de los medios para fortalecer la vida democrática, puesto que proporciona al gobernado de los instrumentos adecuados para coparticipar en la supervisión del Gobierno. Este ordenamiento constitucional contiene en la libertad de expresión una garantía individual, porque el sujeto pasivo de la sociedad a estar bien y adecuadamente informada, en este sentido estamos en presencia de una garantía social, en donde el Estado es garante de este derecho.
Una ley que obligue al gobernante a proporcionar información pública a la colectividad, es una urgencia que demandan estos tiempos, porque mediante este instrumento jurídico se podrá acceder a un gobierno democrático, coparticipativo y corresponsable. Es una nueva forma e institución que propone a cada gobernado el legítimo derecho que tiene a tener acceso a la información pública y oficial, lo cual, le permitirá la verdadera supervisión social y ciudadana de los negocios colectivos.
El derecho a la información se traduce en una actividad del individuo, como persona, para allegarse de la información que a él convenga, para su propio desarrollo, o bien, para algo que le atañe en relación con un interés legítimo.
El derecho de acceder a la información pública, así como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, deben ser puntos de partida en el trabajo político, como medio para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública. De ahí la importancia de que sean incluidas en nuestra legislación esta forma para normar las acciones de gobierno.
H. Puebla de Zaragoza, a 5 de Junio de 2002
Referentes: Iniciativa del PAN para el acceso de la información pública

Iniciativa de Charolet sobre acceso a la información pública


En cumplimiento del artículo 88 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado Rodolfo Herrera Charolet presentó iniciativa  sobre acceso a la información pública bajo el título “Ley Estatal de Información Pública”.
El legislador en la exposición de motivos establece:

El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa…”. El antecedente más inmediato de este ordenamiento es el artículo 37 del decreto de Apatzingan, el cual señalaba el derecho de petición. Sin embargo este derecho consiste en la facultad que tiene el gobernado para poder dirigirse a la autoridad en una solicitud por escrito, en forma pacífica y de manera respetuosa a la que recaerá un acuerdo de la autoridad. Pero el ordenamiento constitucional no obliga a la autoridad en acordar en el sentido deseado por el solicitante.

Entre los derechos individuales el de petición es el más natural y primario, dado su carácter que comporta la formulación de una súplica con vistas de obtener un favor. Existe el doble uso de la petición para fines relacionados con el individuo (garantía individual) o con la vida social (garantía social), de ahí el carácter mixto de su empleo.

Todas las garantías individuales afectan a muchos y todos los afectados pueden exigir su cumplimiento, el derecho de petición al estar consagrado en la constitución existe aún sin su reglamentación, en virtud de que esta sería una manera en el que el legislador secundario derogase de facto los derechos constitucionales. El juicio de amparo es la vía para impugnar la desobediencia del Gobierno a la obligación de informar, cuando realmente la hay y que no obedece al capricho individual.

El derecho a dar información es una reexpresión o manifestación de ideas y pensamientos que ya se encuentra prevista en la Constitución. La información puede pedirla todo individuo, puesto que es el titular de las garantías individuales y debe proporcionarla el estado, quien es el sujeto obligado y debe garantizar que se le de, puesto que es un derecho público, subjetivo, complementario al derecho que tiene como contenido de la libertad de expresión.

El derecho a informar comprende las facultades de difundir e investigar, lo cual vendría a ser la manera de ejercer la libertad de expresión. El derecho a ser informado es la facultad de recibir informaciones o noticias objetivas o subjetivas; las primeras comprenden hechos, datos y noticias, las segundas comprenden opiniones e ideas.

La no existencia de una Ley que permita al gobernado garantizar su derecho a ser informado, es la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien suple el trabajo que debería realizar el legislador ordinario, en virtud de que éste máximo tribunal no puede depender de la voluntad de quien tiene la responsabilidad de reglamentar los ordenamientos constitucionales.

El artículo 8° de la Constitución Federal ordena que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” La libertad no es privilegio de pocos y esclavitud de muchos. El derecho que tiene todo ciudadano a estar informado, no es un mero formulismo mediático, sino que forma parte de los medios para fortalecer la vida democrática, puesto que proporciona al gobernado de los instrumentos adecuados para coparticipar en la supervisión del Gobierno. Este ordenamiento constitucional contiene en la libertad de expresión una garantía individual, porque el sujeto pasivo de la sociedad a estar bien y adecuadamente informada, en este sentido estamos en presencia de una garantía social, en donde el Estado es garante de este derecho.

Una ley que obligue al gobernante a proporcionar información pública a la colectividad, es una urgencia que demandan estos tiempos, porque mediante este instrumento jurídico se podrá acceder a un gobierno democrático, coparticipativo y corresponsable. Es una nueva forma e institución que propone a cada gobernado el legítimo derecho que tiene a tener acceso a la información pública y oficial, lo cual, le permitirá la verdadera supervisión social y ciudadana de los negocios colectivos.

El derecho a la información se traduce en una actividad del individuo, como persona, para allegarse de la información que a él convenga, para su propio desarrollo, o bien, para algo que le atañe en relación con un interés legítimo.

El derecho de acceder a la información pública, así como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, deben ser puntos de partida en el trabajo político, como medio para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública. De ahí la importancia de que sean incluidas en nuestra legislación esta forma para normar las acciones de gobierno.
H. Puebla de Zaragoza, a 5 de Junio de 2002

Iniciativa de Charolet sobre acceso a la información pública


En cumplimiento del artículo 88 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado Rodolfo Herrera Charolet presentó iniciativa  sobre acceso a la información pública bajo el título “Ley Estatal de Información Pública”.
El legislador en la exposición de motivos establece:

El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa…”. El antecedente más inmediato de este ordenamiento es el artículo 37 del decreto de Apatzingan, el cual señalaba el derecho de petición. Sin embargo este derecho consiste en la facultad que tiene el gobernado para poder dirigirse a la autoridad en una solicitud por escrito, en forma pacífica y de manera respetuosa a la que recaerá un acuerdo de la autoridad. Pero el ordenamiento constitucional no obliga a la autoridad en acordar en el sentido deseado por el solicitante.

Entre los derechos individuales el de petición es el más natural y primario, dado su carácter que comporta la formulación de una súplica con vistas de obtener un favor. Existe el doble uso de la petición para fines relacionados con el individuo (garantía individual) o con la vida social (garantía social), de ahí el carácter mixto de su empleo.

Todas las garantías individuales afectan a muchos y todos los afectados pueden exigir su cumplimiento, el derecho de petición al estar consagrado en la constitución existe aún sin su reglamentación, en virtud de que esta sería una manera en el que el legislador secundario derogase de facto los derechos constitucionales. El juicio de amparo es la vía para impugnar la desobediencia del Gobierno a la obligación de informar, cuando realmente la hay y que no obedece al capricho individual.

El derecho a dar información es una reexpresión o manifestación de ideas y pensamientos que ya se encuentra prevista en la Constitución. La información puede pedirla todo individuo, puesto que es el titular de las garantías individuales y debe proporcionarla el estado, quien es el sujeto obligado y debe garantizar que se le de, puesto que es un derecho público, subjetivo, complementario al derecho que tiene como contenido de la libertad de expresión.

El derecho a informar comprende las facultades de difundir e investigar, lo cual vendría a ser la manera de ejercer la libertad de expresión. El derecho a ser informado es la facultad de recibir informaciones o noticias objetivas o subjetivas; las primeras comprenden hechos, datos y noticias, las segundas comprenden opiniones e ideas.

La no existencia de una Ley que permita al gobernado garantizar su derecho a ser informado, es la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien suple el trabajo que debería realizar el legislador ordinario, en virtud de que éste máximo tribunal no puede depender de la voluntad de quien tiene la responsabilidad de reglamentar los ordenamientos constitucionales.

El artículo 8° de la Constitución Federal ordena que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” La libertad no es privilegio de pocos y esclavitud de muchos. El derecho que tiene todo ciudadano a estar informado, no es un mero formulismo mediático, sino que forma parte de los medios para fortalecer la vida democrática, puesto que proporciona al gobernado de los instrumentos adecuados para coparticipar en la supervisión del Gobierno. Este ordenamiento constitucional contiene en la libertad de expresión una garantía individual, porque el sujeto pasivo de la sociedad a estar bien y adecuadamente informada, en este sentido estamos en presencia de una garantía social, en donde el Estado es garante de este derecho.

Una ley que obligue al gobernante a proporcionar información pública a la colectividad, es una urgencia que demandan estos tiempos, porque mediante este instrumento jurídico se podrá acceder a un gobierno democrático, coparticipativo y corresponsable. Es una nueva forma e institución que propone a cada gobernado el legítimo derecho que tiene a tener acceso a la información pública y oficial, lo cual, le permitirá la verdadera supervisión social y ciudadana de los negocios colectivos.

El derecho a la información se traduce en una actividad del individuo, como persona, para allegarse de la información que a él convenga, para su propio desarrollo, o bien, para algo que le atañe en relación con un interés legítimo.

El derecho de acceder a la información pública, así como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, deben ser puntos de partida en el trabajo político, como medio para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública. De ahí la importancia de que sean incluidas en nuestra legislación esta forma para normar las acciones de gobierno.
H. Puebla de Zaragoza, a 5 de Junio de 2002