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La doble moral de la IP

LA DOBLE MORAL DE LA IP; RODOREDA, AMNESIA POLÍTICA
LUNES, 27 SEPTIEMBRE 1999

Entre Líneas / Rodolfo Ruiz
Uno de los factores que, sin duda, ha restado autoridad y credibilidad a los dirigentes de las cámaras y organismos de la Iniciativa Privada local, sobre todo cuando se trata de evaluar el desempeño de algunos de ellos en cargos públicos, es su doble moral.

José Alfredo Miranda López es, quizá, el caso más a la mano para ilustrar nuestro aserto.

No pretendo hacer aquí una defensa del actual director del Comité de la Feria de Puebla, Alejandro Carreto Ceballos, de quien los directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han pedido su cabeza acusándolo de diversas irregularidades.

Entre ellas, la compra sin licitación de una camioneta Suburban que, incluso, puso a su nombre; la autoasignación de un sueldo mensual por 79 mil pesos, y las poco claras negociaciones para adjudicar a Erasmo Morales el contrato del palenque.

Sin embargo, su referencia es obligada para poner en evidencia el doble rasero empresarial, la amnesia política de las autoridades y lo insignificante que resultan los yerros de Alejandro Carreto a la luz de los cometidos en su momento por Alfredo Miranda, ex directivo del CCE.

Para hablar de estos últimos, el reportero tuvo acceso a dos gruesos volúmenes que conforman la auditoría practicada por el despacho López Ochoa y Asociados al Comité de la Feria de la Puebla durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1993 y el 15 de febrero de 1996, cuando Alfredo Miranda fungió como presidente ejecutivo del organismo.

Lo que retrata dicho arqueo, y que en su oportunidad provocó el distanciamiento de la cúpula empresarial con el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz, es de escándalo.

Y es que más allá de las razones que habrían alentado tal auditoría por parte del Ejecutivo estatal, tras las elecciones de 1995, las anomalías encontradas por el despacho López Ochoa y Asociados a la gestión de Alfredo Miranda son dignas de figurar en un catálogo a la impunidad.

O es que alguien en su sano juicio puede aun creer en la moralidad y buen nombre de Alfredo Miranda, cuando siendo presidente de la Feria, le compró a su propia empresa -sin licitación de por medio- 422 mil 619 pesos en pintura, mano de obra, solventes, brochas y equipo para mantenimiento del recinto ferial.

O que la nave uno del centro expositor haya requerido de cuatro aplicaciones de pintura en sólo cuatro meses, por un importe de 124 mil 456 pesos, que por supuesto se pagaron con toda oportunidad a la empresa del propio Miranda, Pinturas y Equipos Industriales S.A de C.V.

O que el ex presidente de la Unión Social de Empresarios sea ejemplo de honestidad por retener impuestos y cuotas a los empleados de la Feria que nunca fueron enterados al IMSS, ni al Infonavit.

O que la doctrina social de la Iglesia lo haya inspirado para permitir que su gerente, Luis Celorio González, cobrara cheques y dinero en efectivo que no siempre ingresaban a la tesorería del organismo, así como préstamos personales por 43,200 pesos que no fueron liquiados al momento de su renuncia el 14 de agosto de 1995.

O que por tratarse de un empresario y no de un político, Alfredo Miranda pudo darse el lujo de contratar millonarias impresiones, como la edición de 1,500 ejemplares del "Códice Borgia. El equilibrio dinámico del cosmos" por un importe de 477 mil 686 pesos, para que después dichos libros fueran embodegados o regalados a los miembros de su consejo directivo.

O que por contar con el respaldo del sector empresarial, que hoy finge demencia, estaba facultado para contratar directamente trabajos de impresión y compra de equipo por montos superiores a los permitidos por la Ley de Adquisiciones y la de Obras Públicas, a empresas en las que tiene o tenía intereses, como Traxit Comunicaciones.

O que por ser un ex directivo del CCE, Alfredo Miranda estaba autorizado para asignar -sin previa licitación pública- 13 contratos de obra pública y equipamiento por un monto de 4 millones 820 mil pesos a seis empresas; o a pagar por concepto de supervisión 72 mil pesos a Francisco Javier del Castillo Guerrero, pese a fungir como vocal de construcción del consejo de la Feria, cargo supuestamente honorario.

Seguro estoy que usted como yo no lo cree, aunque temo que otros sí. No sé si por ingenuidad o por conveniencia. Uno de ellos, es el ex presidente del CCE, José Manuel Rodoreda Artasánchez, quien dos días antes de abandonar el cargo logró que las secretarías de Gobernación y de la Contraloría le firmaran un acta que eximía a José Alfredo Miranda López de toda responsabilidad como presidente ejecutivo de la Feria de Puebla.

Sí, por increíble que parezca, ni Gobernación, ni la Contraloría encontraron elementos en la auditoría efectuada por López Ochoa y Asociados para fincar responsabilidades a Alfredo Miranda, ni siquiera para amonestarlo por haber adquirido en servicios e insumos a su empresa más de medio millón de pesos.

¡Viva la impunidad!

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